El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) retomó las investigaciones sobre los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, durante los conflictos postelectorales y la renuncia del expresidente Evo Morales.

Entre tanto, un informe de la organización internacional Human Rights Watch, da cuenta que en la gestión de Jeanine Áñez se violó los derechos humanos, protegió con decretos los abusos de uniformados, usó a fiscales y jueces para perseguir a militantes del partido Movimiento Al Socialismo (MAS), compró respiradores con sobreprecio, abandonó a 1.300 bolivianos en la frontera con Chile y dejó sin educación a niñas y niños bolivianos, reportó ABI.

Desde el partido azul, el diputado Rolando Cuéllar informó del envío de un memorial al fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, solicitando agilizar el proceso de juicio de responsabilidades contra Áñez y sus exministros por los hechos luctuosos de Senkata (El Alto); Huayllani (Sacaba-Cochabamba), además del caso por compra de respiradores.

INVESTIGACIÓN

Entre tanto, los expertos y el equipo técnico del GIEI–Bolivia, según un comunicado de prensa, irán a reuniones en Potosí, Cochabamba y La Paz.

Después de una breve pausa a finales de diciembre y principio de año, retornaron al país y esta semana ya se trasladó a Potosí para recolectar testimonios de familiares y víctimas. También recibirán a las víctimas de los hechos de violencia que ocurrieron en el sur de La Paz. 

En la penúltima semana de enero, irán al Trópico de Cochabamba para seguir recolectando los testimonios de las víctimas de los hechos de violencia ocurridos en Huayllani-Sacaba.

Otro frente de investigación que empezó a desarrollarse esta semana está relacionado a los hechos que involucran a la prensa y a las agresiones a periodistas. El GIEI-Bolivia también pasa a recolectar los testimonios de profesionales de prensa que fueron víctimas de vulneración de sus derechos personales y profesionales en Bolivia.

INFORME

Por otro lado, Human Rights Watch hizo referencia al documento de la Defensoría del Pueblo en el que señala que al menos 37 personas murieron y más de 800 resultaron heridas y con referencia al combate contra el coronavirus COVID-19, la educación y la libertad de expresión.

Cuéllar explicó que se presentaron en el Ministerio Público las dos carpetas que la Asamblea Legislativa de la anterior gestión aprobó el juicio de responsabilidades contra Áñez y se dará continuidad con el objetivo de evitar su postulación como gobernadora del Beni, así como contra los exministros por la compra de 170 respiradores españoles con presunto sobreprecio.

“Tienen que estar en los banquillos de los  acusados”, sentenció.