Opinión Bolivia

  • Diario Digital | jueves, 22 de octubre de 2020
  • Actualizado 14:19

Retiro de acusación penal deriva en extinción de la causa y resarcimiento

Los supuestos cabecillas del caso Terrorismo, algunos acribillados en el hotel Las Américas. ARCHIVO
Los supuestos cabecillas del caso Terrorismo, algunos acribillados en el hotel Las Américas. ARCHIVO
Retiro de acusación penal deriva en extinción de la causa y resarcimiento

El retiro de la acusación penal por el caso Terrorismo abre el debate respecto a la extinción de la causa y el resarcimiento a quienes por más de 10 años estuvieron envueltos en un proceso penal, algunos de ellos desde la cárcel o en el exilio y que ahora pueden retornar al país.

El Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez decidió cerrar el caso Terrorismo II para restituir los derechos a los imputados e inicio de una querella por delitos de lesa humanidad, tortura y asesinato contra el expresidente Evo Morales, el exvicepresidente, Álvaro García Linera, su hermano Raúl García Linera y Juan Ramón Quintana, entre otras exautoridades y policías que participaron en el asalto al Hotel Las Américas.  

Para el abogado penalista Henry Pinto, en caso de que entre un nuevo Gobierno, no existe riesgo de que pueda reactivarse el proceso ya que el Ministerio Público solicitó su extinción y solo resta esperar la respuesta del juez.

Pinto considera que el resarcimiento, que pasa por la determinación del daño, debe ser cubierto por los fiscales y eventualmente sería el Ministerio de Gobierno, como parte querellante por vulnerar los derechos fundamentales de los imputados. Sin embargo, explicó que existe un vacío legal para definir ante que autoridad se gestiona esta reparación del daño causado por servidores públicos.

“La ley dice que si es funcionario debe haber repetición para reparar, pero no hay norma para regular esto. Lo que se hace ahora es acudir a un juez civil y el caso puede durar entre 8 y 10 años”, explicó.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseguró que los involucrados tienen posibilidad de iniciar acciones contra el Estado boliviano en estrados internacionales con el fin de pedir el resarcimiento de daños por la injusta acusación y detención. En criterio del ministro, el Estado perderá en un eventual juicio, pues no pudo comprobar, hasta la fecha, que hubo terrorismo y, por lo tanto, tendrá que resarcir el daño causado.

“Ante ello, el Estado planteará una repetición para que los responsables que mandaron a matar, los que usaron policías para matar, torturar tengan que pagar por los daños que han hecho a esa gente”, dijo.
 

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