Opinión Bolivia

  • Diario Digital | sábado, 31 de octubre de 2020
  • Actualizado 17:58

¿Qué respondieron Evo y Áñez a los pedidos de evaluar semillas de soya transgénica?

El Fobomade pide al Gobierno publicar los procedimientos abreviados para la evaluación de transgénicos que se hubieran aprobado en la anterior gestión y en la actual, también verificar su legalidad y constitucionalidad. Además, dar acceso público a las peticiones admitidas por el Comité de Bioseguridad e informar en qué estado están.
Cosecha de soya. Archivo
Cosecha de soya. Archivo
¿Qué respondieron Evo y Áñez a los pedidos de evaluar semillas de soya transgénica?

Cómo se respondieron las peticiones de evaluación de soya HB4 (resistente a la sequía) y soya Intacta Pro (resistente a plagas) hechas en 2019, en el último año de gobierno de Evo Morales, y cómo respondió el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez a la solicitud de la empresa Bioceres para evaluar su semilla de soya HB4, recibida en marzo de 2020 son las preguntas que debe responder el Comité de Bioseguridad, según la directora del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), Patricia Molina.

El cuestionamiento surge después de que el Gobierno emitió el 7 de mayo el Decreto Supremo 4232 que en su artículo único autoriza de manera excepcional al Comité Nacional de Bioseguridad a establecer procedimientos abreviados para la evaluación de semillas genéticamente modificadas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y la comercialización externa.

Para dar cumplimiento a ese decreto, el citado comité debe aprobar los procedimientos abreviados en un plazo calendario de 10 días ,  vence este 17 de mayo.

Ante las críticas, la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, aclaró el viernes que el Decreto 4232 autoriza procedimientos abreviados de evaluación, no así el uso directo de cultivos genéticamente modificados. “Este comité tras una exhaustiva evaluación definirá, con estudios en campo, si pueden o no ser aplicados estos cultivos en el país”, indicó en un comunicado del Ministerio de Comunicación.

El Comité Nacional de Bioseguridad fue creado por el Decreto Supremo 24676, del 21 de junio de 1997 y debe estar compuesto por representantes de los ministerios de Medio Ambiente y Agua, Desarrollo Rural y Tierras, Desarrollo Productivo, Salud y representantes del sistema universitario.

La norma indica que debe invitar al menos a cuatro especialistas de reconocida trayectoria en biotecnología, deben ser de las áreas de salud humana, animal, vegetal y medioambiente.

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EL PEDIDO HECHO A EVO En abril de 2019, Morales autorizó de forma excepcional al Comité Nacional de Bioseguridad evaluar y aprobar el uso de los “eventos transgénicos” soya HB4 y soya Intacta Pro para su uso en la producción de biocombustibles y le dio un plazo de 60 días.

Un mes antes, tras una reunión con el empresariado privado cruceño, el entonces ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez informó que se aprobó el uso de biotecnología en la producción de soya destinada a la producción de biodiesel.

La respuesta del Comité debía conocerse en julio de 2019, pero el 30 de agosto de ese mismo año el presidente de la Asociación de Productores de Semillas (Asosemillas), Pedro Pellegrino, informó al portal notiboliviarural.com que la respuesta aún no se conocía.

A mediados de octubre de 2019, el exvicepresidente Álvaro García Linera anunció la aprobación del reglamento que permitía la implementación de las dos semillas transgénicas. Indicó que éstas permitirían mejorar la productividad.

El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Marcelo Pantoja, explicó entonces que las empresas ofertantes de los eventos debían presentar sus carpetas al Comité Nacional de Bioseguridad, que debía aprobarlas en un plazo de 45 días. Calculó que los plazos requeridos por el proceso permitirían tener variedades comerciales para la campaña de verano 2020/2021.

LA SOLICITUD A ÁÑEZ Molina citó un comunicado del Ministerio de Medioambiente y Aguas, difundido a inicios de marzo en el periódico oficialista Bolivia (exCambio), donde se anunciaba que había sido admitida la solicitud de la empresa biotecnológica Bioceres para la evaluación de su semilla de soya HB4 promovida como resistente a la sequía.

El comunicado añadía que el plazo para presentar opiniones fundamentadas era de 10 días calendario, los que vencieron justo cuando empezó la cuarentena total para frenar la propagación del coronavirus. Un momento donde la preocupación central era el abastecimiento de alimentos, la paralización de actividades, cambios de horario de trabajo y similares, puesto que dos días después se decretó la paralización total de actividades, incluso del aparato estatal. Los posteriores comunicados del Ministerio de Medio Ambiente y Agua anunciaron la postergación y suspensión indefinida de trámites y plazos administrativos hasta que termine la cuarentena. Pese a eso, Áñez aprobó el DS 4232.

Es por eso que Molina considera que el Gobierno debe publicar, si hubiera, los procedimientos abreviados que se hayan aprobado durante la anterior gestión y los aprobados en la actual, es decir entre abril de 2019 y mayo de 2020, y verificar su legalidad y constitucionalidad en el Tribunal Constitucional.

También señala que debe dar acceso público a la petición de evaluación de soya HB4 y soya Intacta Pro admitida por el Comité de Bioseguridad, informando el estado del trámite y de otras peticiones que se hubieran presentado en el marco del Decreto 4232.

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EL DEBATE NO CESA Transgénico es un organismo al que se le han insertado genes de otra especie mediante la biotecnología. Según reportes, en 1996 se cosecharon en Estados Unidos los primeros cultivos transgénicos para uso comercial y para el año 2002 había alrededor de 145 millones de acres en el mundo sembrados con estos cultivos. Desde entonces, el debate sobre la conveniencia de producir alimentos transgénicos por encima de los convencionales u orgánicos no cesa.

En un conversatorio virtual sobre el uso de transgénicos, organizado esta semana por PubliAgro, el vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Oscar Mario Justiniano, señaló que lo orgánico y lo transgénico pueden coexistir. Añadió que los ambientalistas deben tener en cuenta que el productor tiene derecho a elegir cómo quiere producir y el consumidor tiene derecho a elegir qué tipo de producto quiere comprar en el mercado.

Apoyó esa postura el director del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), Marín Condori, quien además dice que el problema radica en que la gente no opina con base científica, sino desde su ideología y postura política.

El martes, se realizó a través de Zoom una asamblea de emergencia denominada “No al Decreto Transgénico 4232”, convocada por más de 30 organizaciones indígenas originarias campesinas, incluyendo a sectores de pequeños productores y movimientos agroecológicos. Al concluir, emitió un pronunciamiento en el que señala que la pretendida introducción de transgénicos viola normas nacionales y derechos colectivos. Exige al Gobierno que promueva la alimentación saludable fortaleciendo la agricultura familiar, demanda que no discrimine a los pequeños productores con políticas que fomentan el agronegocio y pide que proteja la biodiversidad. El manifiesto incluye el pedido de abrogación inmediata de los decretos firmados por Morales y Áñez; asimismo apoya la aprobación de una ley moratoria para la utilización de semillas transgénicas en el país.

El Fobomade apoya el pedido de anulación del DS 4232, pero también apunta a que se abra un debate técnico, científico, económico y social para evaluar los resultados de 15 años de cultivo de soya transgénica (evento 40-3-2), así como para construir en consenso las estrategias para enfrentar los efectos no resueltos y los generados por esas semillas.

Recuerda también que está vigente la Ley 775 de Alimentación Saludable y el Decreto 2452 de etiquetado de transgénicos.