La investigación en el caso respiradores enfrenta algunos retrasos debido a los trámites de solicitud de información por parte de las autoridades correspondientes. Entre tanto, el exministro de Salud Marcelo Navajas y otros tres aprehendidos por la supuesta corrupción y sobreprecio en la compra de los 170 equipos españoles fueron trasladados ayer a la cárcel de San Pedro de La Paz. La exautoridad sufrió una descompensación, por lo que su abogada solicitó una valoración médica.

La Procuraduría General del Estado (PGE) emitió ayer el segundo requerimiento para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el que solicita información sobre el proceso de adquisición de los respiradores con un crédito de esa institución internacional.

"Se ha presentado un segundo requerimiento procuradurial dirigido al representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Bolivia. La solicitud enviada tiene en consideración la carta de respuesta del BID denegando el suministro de información emitida por esta institución, amparándose en su inmunidad diplomática", reseña un comunicado institucional, según ABI.

La PGE solicita esa información en el marco de la investigación independiente y estrictamente jurídica que realiza para esclarecer la compra de esos respiradores artificiales, por la cual se inició un proceso penal en Bolivia, que involucra a exfuncionarios del Ministerio de Salud.

La Procuraduría solicita la información del BID, porque esa institución "emitió una no objeción para proceder con el desembolso para la compra", además "realizó la transferencia directa de recursos económicos a la empresa comercializadora y no al Tesoro General de la Nación", destaca el documento.

La PGE argumenta su solicitud en "atender aspectos específicos concernientes a la aplicación de inmunidades, documento publicado por el Comité Jurídico Interamericano de la OEA", que destaca su lineamiento 10, referido a la renuncia a la inmunidad de jurisdicción.

"Considerando estos antecedentes, la PGE dentro de sus atribuciones, exhortó al mencionado Organismo internacional a proporcionar información significativa que permita esclarecer las dudas existentes respecto al tema de la adquisición de respiradores", concluye la nota.

EMBAJADOR Por otro lado, el Ministerio Público en Santa Cruz remitió a la Fiscalía de La Paz una denuncia que presentó Bernardo Montenegro en contra del embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo y el empresario y supuesto familiar José Eduardo Claros Mostajo,  por el delito de enriquecimiento ilícito dentro del caso de la compra irregular de los 170 respiradores, reportó Urgente.bo.

Hasta ahora, la autoridad designada por la Cancillería del Estado no respondió a las acusaciones en su contra.

F.V., asesor jurídico del Ministerio de Salud, lo citó como una de las personas que recomendaba a las empresas junto al viceministro de Planificación Estratégica del Estado, Germán Huanca.

Montenegro aseguró que E.Cl., posible familiar del embajador,  subió a sus redes sociales una fotografía del momento que se recogían los respiradores en España.

“Me siento emocionado de ser parte de esta gran entrega de equipamiento médico cuando más se necesita”, escribió, pero después lo borró.

La Asamblea también se sumó a la investigación tras conformar una comisión que se encargará de indagar el supuesto sobreprecio.

La sesión se instaló en el Hemiciclo ayer, después de que el viernes anterior se suspendió por falta de quórum.  

La comisión está conformada por los senadores Erwin Rivero, Ciro Zabala (MAS) y Edwin Rodríguez (UD). También los diputados masistas Alicia Canqui, Tito Veyzaga, Edgar Montaño, Justino Jurado; María Calcina (UD) y Helmut Salinas (PDC), informó la Vicepresidencia.

A LA CÁRCEL Pasado el mediodía el exministro de Salud y otros tres implicados en el caso respiradores fueron ingresados a la cárcel de San Pedro, donde deberán permanecer con detención preventiva.

En un mismo vehículo se trasladó a Navajas, el exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, F.V., y el exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento (AISEM), G.P. El empresario Fernando Humérez también fue enviado a la cárcel, mientras que otras dos mujeres, consultoras del BID, recibieron detención domiciliaria.

Tras la decisión del juez Hugo Huacani, la defensa de la exautoridad máxima apeló el fallo y anunció que pediría su excarcelación debido a su situación de salud, dado que en el pasado tuvo dos infartos.

Navajas sufrió una descompensación. De acuerdo con el reporte al que accedió Urgente.bo, médicos ingresaron al lugar para su atención.

Su abogada Rosario Canedo entregó un memorial solicitando que la Fiscalía ordene una evaluación de su estado de salud porque padece “mal crónico” y su estado de salud podría agravarse al estar detenido.

Del mismo modo, la defensora de Navajas resaltó que en el proceso contra su cliente se debe respetar los derechos y garantías constitucionales, ya que consideró que se realizaron acciones irregulares que infringen normas nacionales e internacionales.