El Centro de Documentación e Investigación Bolivia (Cedib) junto con la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) presentaron un mapeo de ataques a defensores de los derechos humanos y la naturaleza, en Bolivia, en el que muestran que en esta gestión se registraron 18 casos de un total de 191 desde 2017.

El informe también da cuenta de las diferentes formas de ataque, que van desde el desprestigio hasta acoso, hostigamiento e intimidación, principalmente en contra de mujeres. En estos seis años, se reportó 31 personas afectadas por estos ilícitos.

El representante del Cedib, Franco Albarracín, durante la presentación del mapeo, explicó que la investigación, con el apoyo de una organización de Ginebra, se realizó en contextos de extractivismo. Advirtió del incremento de la violencia que queda en la impunidad en el país.

Miguel Miranda, del mismo Centro, alertó de la presencia de 164 perpetradores y 38 víctimas en estos periodos.

Los tres últimos casos se registraron el 18 de abril en Tariquía. Los ataques fueron catalogados como restricción a la libertad de expresión, prohibición de ingreso, y hostigamiento. Se identificó a un exalcalde como el agresor, así como a los dirigentes y colonos.

El 1 de abril fue en el parque Madidi, donde atentaron contra la integridad de un defensor ambiental.

En marzo, uno de los peores eventos se registró el 9 de marzo, donde las víctimas escucharon disparos al aire, una forma de amedrentamiento por personas anónimas en Tariquía.

Se sumaron ese mismo mes hostigamientos, acoso, intimidación y espionaje por parte de una organización social, así como restricción de ingreso de comunarios. En Apolo hubo ataque a la integridad física de un defensor.

Seis similares ataques se registraron en febrero y otros 2 en enero.

“La tendencia es el agravamiento de los ataques”, explicó Miranda.

En los cuatro meses de 2022, el 74% de los ataques a defensores ambientales incluyen hostigamientos, acoso administrativo, acoso laboral, intimidación, espionaje, restricciones a derechos civiles y políticos, detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin debido proceso, no acceso a la justicia ni garantías, ataques, atentados a la integridad física del defensor o de su familia.

Dijo también que el 45% de los perpetradores actúan desde la estructura del poder del Estado. A esto se suma que “un 29% de personas, grupos u organizaciones de civiles atacan motivados por su apoyo al partido gobernante y sus políticas”.

En total, se concluye que el 90% de los perpetradores forman parte, directa o indirectamente, de la estructura de poder gobernante y actúan de manera combinada para el ataque.

“Son ataques con bajo perfil, es decir sin levantar mucha polvareda”, dice el informe.

Desde las organizaciones que realizaron el mapeo, advierten que los ataques no aparecen en los reportes de organismos internacionales porque se atienen más a los datos y casos “aparatosos”, es decir con violencia mortal, muertos, ataques a la integridad física, ataques por la fuerza pública, Policía o Ejército”.

Finalmente, establecieron que los casos de Bolivia siguen otros patrones, lo que significa que la Policía y el Ejército apenas aparecen con un 6% del total de perpetradores directos mencionados en los 191 ataques.

“Sobre este esquema, el Gobierno, junto con toda la gama de sectores que le son adherentes, construye una narrativa aparatosa para darse legitimidad y deteriorar la de sus contendientes”, concluye el análisis.