La Delegación Defensorial de Cochabamba denunció que nueve privados de libertad del recinto penitenciario de El Abra sufrieron agresiones físicas y tortuosas, la semana pasada, e identificaron como agresores a efectivos policiales. Al respecto, el comandante departamental de la Policía, Franz Sellis, se limitó a indicar que “no puede emitir criterios porque el caso está en proceso de investigación”.  

Personal de la Defensoría del Pueblo se constituyó en el bloque C de El Abra, por denuncias, para confirmar la situación “altamente vulneratoria a los derechos humanos”. Las celdas de ese bloque están funcionando como espacios de “autoaislamiento y de cuarentena” como medida preventiva para evitar que el coronavirus, COVID-19, ingrese a las cárceles.

Tras conocer el testimonio de los privados de libertad se realizó la revisión médica por el profesional de ese recinto penitenciario, quien confirmó los visibles hematomas causadas por las agresiones. Al respecto, el delegado de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, Nelson Marcelo Cox, rechazó las actitudes violencias que estarían asumiendo algunos efectivos policiales. “No podemos permitir que en tiempos de pandemia exista una anomia para que se transgredan los derechos humanos. El Estado boliviano no puede obviar su responsabilidad del cuidado en cuanto a los privados de libertad”. 

Lamentó que el Servicio para la Prevención de la Tortura (SEPRET) no esté atendiendo hace más de cuatro meses y que haya una desprotección. Acotó que corresponde una investigación penal a los policías que transgredieron las normativas que condenan la tortura u otros tratos crueles e inhumanos para los privados de libertad. 

“Si el Estado boliviano no hace nada para esclarecer esta situación, la Defensoría del Pueblo analizará demandar al Estado ante el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas puesto que el mecanismo nacional de prevención de la tortura se encuentra inactivo y ausente porque no está efectuando ni visitas a los recintos penitenciarios, lo que pone en una doble situación de vulnerabilidad a las personas privadas de libertad en Bolivia”, concluyó.