“La justicia no existe para los pobres”. 

Esta fue la frase más escuchada por el relator especial sobre Independencia de Magistrados y Abogados de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego García Sayán, durante su visita al país para el análisis y evaluación de la situación de la justicia boliviana y que le permitieron concluir que “está lejos de la gente”.

Se refirió principalmente a las víctimas de feminicidios, a los indígenas y los privados de libertad.

El jurista peruano confesó sentirse consternado por casos como el de la excarcelación irregular del asesino, violador y feminicida serial Richard Choque y de Felipe Froilán Molina Bustamante, alias el Killer,  condenado a 30 años de presidio sin derecho a indulto por el asesinato en 1980 del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. A su vez, alertó que la corrupción puede ser una herramienta de ataque ala independencia judicial.

Después de una semana de visita en Bolivia, donde escuchó y dialogó con una variedad de actores, hizo nueve recomendaciones como parte de su informe en base a observaciones preliminares.

El objetivo es contribuir a la construcción de una justicia independiente y al alcance de la gente.

MUJERES

El relator de la ONU también se mostró preocupado por la justicia para las mujeres tras escuchar “varios testimonios dolorosos” sobre las experiencias de ellas.

Apoyó la propuesta de la Defensoría del Pueblo de crear 31 juzgados sobre violencia contra la mujer y animó a priorizar los avances de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio al amparo de la Ley 898, que fue conformada el 4 de febrero.

En Bolivia, son 27 juzgados y tribunales especializados bajo la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348) de 2013 que están sobresaturados por la carga procesal y atienden también casos por delitos de corrupción.

“Según un estudio de ONU Mujeres de 2019, los plazos procesales en casos de violencia contra la mujer no se cumplen, lo cual repercute en el abandono de las víctimas”, dice el informe. 

También hace referencia a datos que indican que entre 2013 y octubre de 2021 se produjeron 869 feminicidios, es decir, un promedio de uno cada tres días y medio. A su vez, señala que solo el 31% de los casos obtuvo sentencia.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía General del Estado, hasta el 17 de febrero de este año ya van registrados 15 feminicidios y dos en investigación.

INDÍGENAS

El experto sugirió revisar la Ley de Deslinde Jurisdiccional ya que no tienen concordancia con los principios constitucionales como el ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión y al derecho a la consulta previa. A su vez, señaló que se debe reforzar las capacidades y competencias, como base de los mecanismos de cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina con la ordinaria, la agroambiental y todas las constitucionalmente reconocidas. 

“Estos principios constitucionales fundamentales, no parecerían haber encontrado adecuado seguimiento y concordancia en la ley dictada el 2010”, señala el informe.

PRIVADOS DE LIBERTAD

Otro tema de preocupación para el relator de la ONU es la situación de las personas privadas de libertad, ligado al desempeño de la justicia. 

Exhortó a que la prisión preventiva sea utilizada “excepcionalmente, durante el menor tiempo posible y solo en casos particulares que representen ciertos elementos de gravedad”.

Por otro lado, pidió garantizar la separación entre los presos preventivos y condenados.

“La prisión preventiva no puede constituir un castigo para las personas que no han sido juzgadas. Exhorto al Órgano Judicial y al Ministerio Público a intensificar sus esfuerzos para combatir el abuso de la prisión preventiva, reducir la sobreocupación en los centros de detención, principalmente mediante medidas alternativas a las penas privativas de libertad y estrategias para abordar las moras procesales”, sentenció.

Considera que el Estado debe continuar con la mejora de las instalaciones penitenciarias y las condiciones generales de vida en las cárceles. 

Bolivia, según datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario, cuenta con 20 recintos penitenciarios urbanos, con capacidad de albergar a 5.346 personas. No obstante, la población asciende a 18.703, lo que supone una tasa de hacinamiento del 349.8%.

Para marzo de 2021, el 64.10% de las personas privadas de libertad estaba en situación de detención preventiva. En promedio, siete de cada diez están sin condena.

UN ACUERDO

En otro punto, García Sayán señaló que pudo constatar y recoger la aspiración compartida de encontrar rutas para un gran acuerdo nacional de la justicia.”La situación analizada en la misión apunta a la exigencia de un gran acuerdo nacional por la justicia. Se ve condiciones para apuntar, de manera laboriosa y persistente, a dicho gran acuerdo nacional, como criterio orientador de un proceso sostenido con metas de corto, mediano y largo plazo”, sostuvo.

Exhortó a la participación tanto del ejecutivo, el legislativo y el judicial, así como de las agrupaciones políticas, colegios profesionales (en particular de abogados), universidades, representaciones sociales, entre otros.

“Me gustaría finalizar destacando que ustedes depositaron su confianza en mí durante esta visita y reconozco la valentía que esto conlleva. Yo ahora, deposito mi confianza en ustedes para llevar adelante esta tarea” concluyó.