Tres protestas, una nacional y dos regionales, agitan al país esta semana en la que también se retomará el juicio oral contra la expresidenta Jeanine Áñez por el caso denominado Golpe de Estado II.

La primera es anunciada por los médicos del país exigiendo mejores condiciones laborales. Se trata del “bloqueo de los mil servicios”, previsto desde el martes.

El pasado jueves realizaron un paro de 24 horas en diferentes regiones. Piden al ministro de Salud, Jeyson Auza que escuche sus demandas, entre ellas la anulación de la Ley de Emergencia Sanitaria.

La Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS) anunció una conferencia de prensa para hoy a las 9:30 para referirse a esta movilización.

Por otro lado, la marcha convocada por el Comité pro Santa Cruz, por “un censo confiable y transparente”, que debía realizarse el miércoles pasado, fue reprogramada para este martes debido a las malas condiciones climáticas.

La protesta es en contra el Instituto Nacional de Estadística (INE) que tiene previsto realizar el Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 el 16 de noviembre.

En Cochabamba, el Consejo Distrital de Organizaciones Territoriales de Base (OTB) y Juntas Vecinales convocó a una “Gran marcha del Consejo Distrital N°9” a las 15 mancomunidades del distrito “en defensa de los derechos de servicios básicos y alcantarillado y al cumplimiento de todos los acuerdos y convenios con el Distrito 9”.

La concentración está prevista para las 7:00 en la avenida 6 de Agosto y Barrientos y llegará hasta la alcaldía de Cochabamba, en la plaza 14 de Septiembre.

Finalmente, hoy se reinicia el juicio contra Áñez, en el que también se tiene cuatro prófugos y dos sentenciados entre jefes militares y policiales.

El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz llevará adelante el proceso y se prevé movilizaciones y protestas de víctimas de los conflictos postelectorales de 2019 en el frontis del penal de Miraflores, donde se encuentra recluida la exmandataria.

El caso se refiere a las acciones que la exsenadora tomó cuando era segunda vicepresidenta del Senado para asumir la presidencia por lo que enfrenta una pena de entre 5 y 10 años de cárcel.