"La PGE lamenta profundamente que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, luego de solo tres días después de que la ONG Human Rights Watch emitiera su comunicado del 07 de abril -cuestionando el Decreto Supremo-, se haya pronunciado exactamente en el mismo sentido que esta ONG; constituyéndose así en una simple caja de resonancia de la misma", reseña un comunicado institucional.
En la víspera, la Relatoría de la CIDH expresó una "grave preocupación por la aprobación del Decreto 4200 que sanciona con prisión por "desinformar" o "incitar a delitos contra la salud" para enfrentar al coronavirus y pidió dejar sin efecto esa norma porque afectaría  a la libertad de expresión.
La Procuraduría cuestiona que el pronunciamiento de la relatoría sea apresurado y "con franco prejuzgamiento, sin la debida contextualización", además de carecer de argumentación fáctica y jurídica.
La PGE refiere que tras un análisis jurídico minucioso de la observación hecha al Decreto Supremo 4200 concluyó que esa norma "es plenamente compatible con los principios, valores y normas del Estado Constitucional de Derecho, así como con los estándares de convencionalidad contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y demás convenios internacionales en materia de Derechos Humanos".
Aclara que esa norma tiene el objetivo de prevenir de desinformación y "no la restricción a la libertad de expresión"
"Los efectos jurídicos del art. 13 Par. II del DS N° 4200 recaen sobre la información, más no sobre la libertad de expresión, en tanto lo que pretende evitar es la transmisión de información errónea o falsa sobre el coronavirus COVID-19 (...), más no prohíbe o sanciona los juicios de valor u opiniones personales o colectivas de los ciudadanos respecto a aquella emergencia sanitaria y las acciones gubernamentales", detalla el comunicado.
La PGE advierte, asimismo, que la prevención de desinformación en temas de salud" es convencional y constitucional" en un estado de emergencia sanitaria, a efectos de que la población pueda conocer y cumplir con las medidas de protección de salud adecuadas dictadas por el Estado, según los parámetros internacionales de salud de la OMS.
Aclara, asimismo, que el Decreto Supremo "no establece nuevos delitos, ni sanciones penales"
Garantiza también que "la libertad de expresión se mantiene incólume en Bolivia", en el marco de las garantías contempladas en la Constitución Política del Estado y en los Convenios Internacionales en materia de DDHH.