La búsqueda de salvoconductos para siete exautoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS) que se encuentran asiladas en la residencia de la Embajada de México, en La Paz, desde el año pasado, tras los conflictos por las elecciones de octubre, generó un nuevo roce político entre el partido azul y el Gobierno.

Surgieron cuestionamientos al proceso penal que la mayoría de los asilados tiene en su contra así como el avance de las investigaciones que frenan cualquier medida que vaya a favorecerles.

Los legisladores del MAS gestionan la emisión de una recomendación para que el Ejecutivo aplique la medida tras la aprobación de una Declaración Camaral en la Comisión de Política Internacional, mientras autoridades gubernamentales descartan hacerlo y lo califican como un “saludo a la bandera”.

En la residencia de la Embajada se encuentran los exministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Culturas, Wilma Alanoca; de Justicia, Héctor Arce; de Defensa, Javier Zavaleta; de Gobierno, Hugo Moldiz; además del exdirector de la Agetic, Nicolás Laguna; y el exgobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez. Una mayoría tiene procesos y órdenes de aprehensión del Ministerio Público por los hechos de violencia e incluso el cerco a las ciudades derivados del fraude electoral de 2019.

Según la canciller Karen Longaric, los salvoconductos se extienden cuando la Embajada que tiene asilados así lo requiere y si es que los asilados no tienen o no hubiesen cometido algún delito.

El presidente de la Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante, Gonzalo Aguilar, observó que hasta la fecha no se demostró la culpabilidad de los acusados y tampoco justificó sus actuaciones en el marco del conflicto poselectoral.

“Las órdenes de aprehensión salen de una posición política, no ha sido por un proceso judicial, ellos directamente han actuado de manera irregular en su momento, al calor de la renuncia del expresidente (Evo Morales). En todo caso, hasta ahora no han podido demostrar el grado de participación de cada una de las personas en los hechos luctuosos que ha habido en ese momento, por lo tanto, no todos han demostrado su grado de participación”, dijo.

UNA ARBITRARIEDAD El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseguró que la búsqueda de salvoconductos es un “saludo a la bandera” que no tiene ningún valor legal y solo servirá para que “vayan directo a la cárcel”, reportó ABI.
"A la Comisión (de Diputados) no le compete hacer aquello, le compete a la Cancillería, al Ejecutivo; (entonces) es un saludo a la bandera. Ojalá que crean que tiene un valor legal y que los saquen de la Embajada, así les voy a mandar un carrito para llevarles directo a Chonchocoro (cárcel), que es donde deben estar todos esos buscados por la justicia", apuntó.

Por su parte, Longaric dijo que la declaración es una simple opinión legislativa, un pronunciamiento, que no es legalmente vinculante.

"El Poder Legislativo no puede arrogarse la atribución de emitir por sí misma salvoconductos", dijo la autoridad, en entrevista con radio Panamericana.
Advirtió que el Legislativo se excede en sus atribuciones y que ello puede derivar en "arbitrariedades" respecto a la norma establecida, lo que implica la invasión de la jurisdicción del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público.
“Se han acostumbrado a manipular la ley para adecuarla a los intereses personales, eso no puede ser así en ningún lugar del mundo. Creo que están equivocados (porque) los salvoconductos los otorga el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, entonces, es competencia de la Cancillería y eso está regulado en instrumentos americanos sobre asilo diplomático", remarcó.

UNA RECOMENDACIÓN Entre tanto, Aguilar indicó, citado por ABI, que dicha declaración es una postura de los legisladores del MAS y que se pedirá que el pleno de Diputados la apruebe para que el Ejecutivo la analice, aunque aclaró que no está obligado a cumplirla.
La declaración está firmada por los diputados del partido azul, Betty Yañíquez, Víctor Borda, Franklin Flores, Sonia Brito, Celia Bonilla y Brigada Quiroga. 

“Es cierto que la Asamblea Legislativa no entrega salvoconductos, pero nosotros con este proyecto de declaración queremos recomendar al Ejecutivo y que en el futuro pueda escuchar la voz oficial, la posición oficial de la Cámara de Diputados”, explicó Aguilar, según Urgente.bo.