En Bolivia, por primera vez, imputan a un policía por el delito de atentar contra la libertad de prensa, luego que la Fiscalía Departamental de Santa Cruz admitiera una denuncia presentada el 3 de enero de este año por la Asociación de Periodistas de ese departamento contra el teniente Víctor Hugo S. J.

El efectivo policial, además de atentar contra la libertad de prensa, está sindicado por los cargos de causar lesiones graves y leves al reportero Joel Orellana y al camarógrafo Miguel Rivero, ambos de la red Unitel. El pasado 30 de diciembre de 2022 y 1 de enero de esta gestión, ambos realizaban la cobertura de las protestas por la aprehensión del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, donde fueron agredidos.

Orellana y Rivero realizaban su trabajo de información sobre la represión policial contra manifestantes, cuando fueron agredidos por siete policías que les asestaron golpes y patadas, incluso luego de tenerlos sometidos contra el piso.

El rostro del efectivo policial agresor fue registrado por otros reporteros, por lo que presentaron demandas contra ese oficial, una ante el Tribunal Disciplinario Policial y otra en la justicia ordinaria.

Desde el tribunal policial desestimaron el requerimiento en junio pasado, mientras la Fiscalía Departamental de Santa Cruz dio curso tras ocho meses y la juez Marianela Salazar fijó para el 9 de octubre la audiencia a la que debe presentarse Víctor Hugo, quien se encuentra destinado en Cochabamba.

“No estamos tan conformes, porque la Fiscalía excluyó el delito de robo, porque, además de la golpiza, los policías les quitaron sus teléfonos celulares y micrófonos a los reporteros de Unitel. De todos modos, esperamos que la justicia ordinaria determine dar de baja a S., porque es un funcionario público que no sirve a la sociedad”, declaró Raquel Guerrero, abogada de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, entrevistada por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

Guerrero manifestó que, si bien en anteriores oportunidades se ha imputado a ciudadanos por atentar contra la libertad de prensa, es la primera vez que se fija audiencia para que comparezca “un miembro de la Policía. Se ha entendido que hay un doble daño, por un lado, se violentaron los derechos de los periodistas, y de ese modo también hubo un atentado contra el derecho de la ciudadanía a ser informada”, manifestó.