Opinión Bolivia

  • Diario Digital | martes, 27 de julio de 2021
  • Actualizado 08:37

ANALISTA INTERNACIONAL VE POCO CLARO EL PROCESO

Préstamo de gases de Ecuador a Bolivia deja 3 irregularidades

La Policía del país vecino exige la devolución del material y defendió este trámite con el argumento de que es una cooperación bajo protocolos establecidos entre instituciones.
Préstamo de gases de Ecuador a Bolivia deja 3 irregularidades

Las gestiones para el préstamo de gases lacrimógenos de Ecuador a Bolivia son poco claras y generan polémica entre los países involucrados que iniciaron investigaciones, por separado, para esclarecer lo que sucedió en 2019, durante los conflictos postelectorales tras la renuncia a la presidencia de Evo Morales.

Todo apunta a la gestión de Jeanine Áñez, así como la de su homólogo ecuatoriano, Lenín Moreno, además de sus ministros de Gobierno.

El analista internacional Álvaro del Pozo ve al menos tres irregularidades en este proceso. Se refirió a la falta de formalidad, el vacío legal para las negociaciones y un posible delito. 

La Policía de Ecuador solicitó, a través de un documento oficial del Ministerio de Gobierno del Ecuador con fecha 27 de mayo de 2020, la devolución de 5.000 granadas de mano GL-302, 500 granadas de sonido y destello para exteriores, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 MM y 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 MM, en noviembre de 2019, según ABI.

A partir de este requerimiento a Bolivia, se destaparon detalles sobre el proceso que se siguió para acceder a este material que llegó al país en un vuelo de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y se cree habría sido utilizado en los conflictos de Sacaba (Cochabamba).

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, adelantó que se buscará verificar si existe normativa legal para avalar este tipo de préstamos “de armamento de guerra”.

El comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, indicó que la versión de este préstamo surge por las declaraciones de exfuncionarios procesados por la compra de gases con presunto sobreprecio, donde el exministro Arturo Murillo fue denunciado y se encuentra actualmente detenido en EEUU.

La Fiscalía también convocó a los ex miembros del gabinete de Áñez para responder por la firma de decretos para autorizar y disponer del presupuesto para la compra de estos materiales.

EL CASO A principios de junio, el abogado de los procesados por este caso, Gary Prado, aseguró, citado por Innovapress, que Murillo presionó y gestionó, mediante el Ministerio de Defensa, el préstamo mientras se realizaba la compra. Dijo desconocer en qué cantidad llegaron esos equipos militares, pero develó que sumaban alrededor de Bs 9 millones en gases, perdigones y equipos de protección de efectivos.

Esta semana, el exministro de Desarrollo Rural Samuel Ordoñez, en su declaración informativa ante la Fiscalía, involucró a la ex titular de Comunicación Roxana Lizárraga en el préstamo junto Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Goni.

Según explicó, el 14 de noviembre de 2019, en una reunión del gabinete, en medio del conflicto social que se concentró en la planta de Senkata (La Paz), la exministra se retiró por unos minutos para realizar una llamada telefónica y luego avisó que había conseguido los gases lacrimógenos de Ecuador.

“Asunto arreglado, ya hablé con Carlos Sánchez Berzaín y él hará las gestiones ante Ecuador para que nos envíe los agentes químicos que necesitamos’”, relató Ordóñez, según la versión web de La Razón que citó al portal Detrás de la Verdad.

En ese momento, el alto mando militar y policial informó que estaba desabastecido de material de protección y no letal desde la gestión del expresidente Morales y que los tiempos para poder adquirirlos son de entre 10 y 20 días, cumpliendo la normativa vigente.

Continuó señalando que, luego de un debate, Áñez, Lizárraga, Murillo y López (exministro de Defensa) salieron de la sala con el alto mando policial y militar para conocer cuál era el requerimiento y al volver informan que se debía enviar un avión de la FAB lo antes posible para el recojo. 

La extitular de Comunicación negó las acusaciones en su contra “como parte de la propaganda que trata de lavar la cara del gran fraude 2019” y pone en duda que Ordoñez se haya “prestado a semejante mentira”.

LA SITUACIÓN Para Del Pozo, este tipo de negociaciones deberían ser más formales y existir un instrumento legal más específico tomando en cuenta que las relaciones bilaterales se rigen por convenios o tratados de cooperación, por ejemplo.

Entiende que cuando se trata de armas letales hay una regulación, pero en este caso no es así, lo que deja un vacío legal. Considera que debería haber protocolos adicionales o memoriales de entendimiento, es decir, mecanismos acordes.

“Bolivia tiene su propia ley y estos procesos no se realizan entre instituciones, no sería una cosa muy normal. La Policía y las Fuerzas Armadas, política y administrativamente, dependen de una autoridad, en este caso del Ministerio de Gobierno y de Defensa. Debe haber una formalidad o aval para esto”, explicó.

Considera que un préstamo en la categorización de no letales puede ser motivada por la coyuntura política, pero, en otros casos, se requieren convenios y aprobación de congresos por lo que hay una diferencia.

“Hay decisiones políticas de solidaridad, de cortesía o como en este caso, en el marco de las relaciones entre dos países. Se puede inscribir en una política de diálogo”, agregó.

Para el experto, se deberían tener ciertos conductos más allá de lo que la normativa lo permite. También recordó que la única instancia llamada por ley para estos trámites es la Cancillería (Ministerio de Relaciones Exteriores) y a través de las embajadas.

“No es extraño que algunos ministerios gestionen directamente estos niveles de cooperación, eso no le hace bien al país. La Cancillería queda al margen o fuera de juego de la relación con sus similares cuando debería tener conocimiento absoluto y centralizar estos procesos. Llama la atención si no cumplen los protocolos o convenios”, sostuvo.

Consultado sobre las acciones que corresponde en esta situación, Del Pozo indicó que, si las negociaciones son muy particulares (entre personas), se puede hablar de delitos penales en caso de violación de normas.

“Habría que revisar los documentos que respaldan el préstamo. Tiene que haber firmas y expresiones de voluntad. Ahí se establece la responsabilidad de carácter ejecutivo, administrativo y hasta penal”, manifestó.

Entre tanto, la comandante de la Policía de Ecuador, Tannya Varela,  indicó que la cooperación internacional entre las policías (de distintos Estados) es habitual y para eso se tienen asociaciones y organizaciones (de instituciones del orden) que no solo intercambian información sino, si necesitan, se realizan préstamos de gases. Recordó el préstamo a su país de Perú y Colombia en una entrevista en Teleamazonas Ecuador.

“Municiones no hemos prestado, únicamente lo que tiene que ver con armamento no letal como son los gases, entonces esto es importante. La cooperación internacional existe bajo los protocolos que también están establecidos, más bien lo que queremos es que Bolivia nos devuelva”, añadió.

El Gobierno boliviano abre la posibilidad de iniciar un juicio en el ámbito internacional contra el expresidente de Ecuador por cuatro delitos que habrían derivado del préstamo.  

Autoridades nacionales del gobierno de Luis Arce prevén acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por lo que consideran crimen de lesa humanidad, crimen trasnacional, corrupción y tráfico de armas. El ministro de Justicia, Iván Lima, a través de su cuenta de Twitter, dijo que este caso no puede quedar impune.

Entre tanto, en el país vecino, asambleístas del movimiento Unión por la esperanza (Unes) iniciaron un proceso contra el exmandatario por presunto delito de peculado en relación con la entrega del material e involucran también a Colombia y consideran como una “disposición arbitraria de bienes del Estado”.

LAS LEYES Las relaciones bilaterales se basan en acuerdos diplomáticos, así como las normas de cada país.

Bolivia se enmarca en la Ley 400 de control de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados tiene por objeto normar, regular y controlar la importación, exportación, internación temporal, donación, transporte y otras actividades en el marco de la Seguridad y Defensa del Estado y de la Seguridad Ciudadana, así como la Constitución Política del Estado (CPE).

En el artículo 255 del Texto Constitucional se determina que la negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales “se regirá por los principios, entre otros, de independencia e igualdad entre los estados, no intervención en asuntos internos y solución pacífica de los conflictos; y rechazo y condena a toda forma de dictadura, colonialismo, neo colonialismo e imperialismo”.

A su vez, en el artículo 258 señala que los procedimientos de Celebración de Tratados Internacionales se regularán por la ley. 

Por otro lado, la Ley 401 de celebración de tratados tiene por objeto establecer el procedimiento para la Celebración de Tratados Internacionales por el Estado Plurinacional de Bolivia para la gestión y ejecución de recursos de donación y crédito público.

También está la ley 465 del Servicio de Relaciones Exteriores que dispone que el Ministerio de Relaciones Exteriores constituye la entidad rectora de las relaciones internacionales del Estado Plurinacional “que desarrolla la gestión de la política exterior para la defensa de la soberanía, independencia e intereses, mediante la aplicación de la diplomacia de los pueblos por la vida, en beneficio de las y los bolivianos”.