Ante los cuestionamientos por la precaria situación de los repatriados de Pisiga, mientras se permite a un grupo de 36 personas volver por aire aunque bajo su propio coste, el Gobierno anunció ayer que alista la segunda fase del campamento “Tata Santiago” para acoger a un nuevo grupo de bolivianos, entre ellos los que el martes se enfrentaron a militares en un intento por entrar al país.

Reportes recibidos por el Comité Cívico de Oruro señalan que son más de mil los bolivianos que pretenden regresar al no tener fuentes de trabajo en Chile debido a la crisis sanitaria por el coronavirus. Autoridades locales  y el Defensor del Pueblo temen que la situación se desborde por falta de infraestructura y de recursos para atenderlos.

VUELO AUTORIZADO La Cancillería emitió un comunicado en el que detalla que "por razones humanitarias" se autorizó un vuelo de regreso con 36 bolivianos que estaban en Chile, a donde fueron "por tratamiento médico en diferentes hospitales".

Resaltó en la nota que esas personas "contrataron" un avión para que se les recoja y cubrirán ellos mismos "el costo de la cuarentena" que se comprometieron a cumplir una vez que estén en Bolivia.

Consultada al respecto, la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, expresó a EFE que ve "un trato no igualitario" a estos grupos. Percibe, además, que "hay un desconocimiento sobre las dinámicas económicas" de algunos grupos en Bolivia, como en el caso de los bolivianos que regresan de Chile, que "están en mayor situación de vulnerabilidad".

SEGUNDA FASE Mientras unos 450 bolivianos acampan custodiados por militares para cumplir una cuarentena obligada antes de volver a sus lugares de origen, varios cientos esperan del otro lado para pasar al lado boliviano.

Ante esa situación, el director general de Migración, Marcel Rivas, informó ayer a ABI que preparan la segunda fase del campamento para acoger a un nuevo grupo de ciudadanos bolivianos, a quienes considera que se intenta utilizar políticamente para generar violencia e interrumpir la cuarentena. "Estamos trabajando con el Ministerio de Defensa y Defensa Civil en el establecimiento de la segunda fase del campamento para ver la capacidad de recibir a esos ciudadanos bolivianos que genuinamente quieren ingresar al país", dijo a los medios de comunicación.

El presidente del Comité Cívico de Oruro, Hugo Gutiérrez, manifestó a EFE que la situación "está desbordándose", principalmente porque le reportaron que ayer otros 250 bolivianos habían llegado y que en total los que buscan pasar son más del millar.

Gutiérrez estuvo en Pisiga el martes y aseguró que la mayoría de esas personas fueron a Chile a trabajar de "manera temporal". Señaló que a causa de la crisis sanitaria por el coronavirus "muchas empresas las han cerrado" en Chile, los bolivianos han quedado sin trabajo y que entre los que buscan regresar están ancianos, niños y mujeres gestantes.

Las sugerencias desde el Comité Cívico de Oruro y de la Defensoría es que los gobiernos regionales asuman la responsabilidad de trasladar a sus residentes hasta su destino final, ante la insostenible situación de mantenerlos en el campamento de la frontera.

Hay que "encapsularlos en los buses" para que "acompañados de un policía, médico o enfermero puedan llegar a destino", dijo Gutiérrez, quien consideró que ni el Gobierno central ni la Gobernación de Oruro tienen la capacidad de correr con los gastos de manutención de este grupo de bolivianos que tiende a crecer.

Según el reporte de La Patria de Oruro, el alcalde de Sabaya, Egdón Villca, dijo que, dentro de sus posibilidades, el municipio entrega verduras y carne para alimentar a los repatriados. Estima que durante los 14 días que permanecerán ahí, destinarán aproximadamente 30 mil bolivianos, monto extraído de la partida presupuestaria para desastres.

La entrega es día por medio, la carne se adquiere de los productores del municipio y la verdura de la ciudad, lo que conlleva destinar otro monto para combustible.

Este municipio no tenía previsto hacer ese gasto, pero debido a la masiva llegada de los repatriados asumió ese compromiso. Un nuevo ingreso de personas preocupa al alcalde de Sabaya. "Nos dicen que habría un número similar de bolivianos que también quieren ingresar a Bolivia, estamos preocupados, eso se escaparía de nuestras manos porque no tenemos ni la infraestructura, ni los recursos".

SITUACIÓN EN EL CAMPAMENTO Una de las personas que se encuentra en Pisiga envió ayer un texto vía WhatsApp negando que hubiera infiltrados en el campamento o fugados. Contó que el martes, cansados por el racionamiento, salieron de sus carpas a protestar para ser escuchados y que por la tarde llegaron parlamentarios con donativos. El general Mario Peinado informó que tomaría el mando del lugar y prometió mejores condiciones, entregando luego agua y acceso a enchufes para cargar los móviles. Reportó que las embarazadas fueron trasladadas a hospitales y que aún no saben nada de su estado de salud.

Rechazan las aseveraciones de Rivas y aseguran que en sus listas no figuran los nombres de las personas que huyeron y niegan tener infiltrados. “Pedimos a las autoridades bolivianas que actúen seriamente y no busquen enemigos donde no los hay”.

En el país rige una cuarentena estricta, con cierre de fronteras y del espacio aéreo, salvo excepciones por motivos humanitarios.