Opinión Bolivia

  • Diario Digital | domingo, 05 de diciembre de 2021
  • Actualizado 16:41

LA PLANIFICACIÓN A MEDIANO PLAZO TIENE 10 EJES ESTRATÉGICOS

Plan de desarrollo pasa en 10 años del ‘Vivir Bien’ a la industrialización

La ley 1407 del 9 de noviembre aprueba el PDES 2021-2025 que tiene al menos cuatro observaciones de diferentes sectores que iniciaron protestas por su abrogación. Gobierno llama al diálogo.
Una mujer en Santa Cruz protesta contra la ley 1407.           APG
Una mujer en Santa Cruz protesta contra la ley 1407. APG
Plan de desarrollo pasa en 10 años del ‘Vivir Bien’ a la industrialización

El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025 “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones” está contemplado en la ley 1407, del 9 de noviembre de este año, promulgada por el presidente Luis Arce y es la continuación del mismo plan para el periodo 2016-2020 “En el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien” que impulsó el exmandatario Evo Morales.

Se trata de una planificación a mediano plazo que debe concretarse en 10 años, es decir hasta 2025 y para este periodo incluye 10 ejes estratégicos articulados con los 13 pilares de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025.

Ambas normas tienen los mismos artículos que, en esta oportunidad, generan rechazo en diferentes sectores que observan al menos cuatro de las disposiciones legales. 

La semana pasada iniciaron protestas exigiendo la abrogación de la ley 1407 que, durante su tratamiento en la Asamblea, tenía el número 342.

En los departamentos de Santa Cruz y Potosí, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRAM) y la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF), respectivamente protagonizaron bloqueos con la advertencia de continuar con la medida. 

En la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) llaman a una asamblea para analizar los aspectos legales mientras que desde las alcaldías del eje troncal piden una reunión al presidente para hacerle conocer algunas observaciones.

A su turno, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció la presentación de un recurso abstracto ante el Tribunal Constitucional contra la norma para su anulación. La misma acción tomaron desde la UAGRAM.

Por su parte, el alcalde cruceño, Jhonny Fernández, adelantó que el Estado no puede inmiscuirse en la planificación de un territorio ni determinar sus gastos o inversiones ni qué tipo de presupuesto se necesita.

Más antes, el paro multisectorial indefinido, que se prolongó por 9 días en diferentes regiones, logró la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo. Entre las demandas también estaba que se siga con la misma medida con un “paquete de leyes” y la restitución de los dos tercios. 

Autoridades nacionales y representantes de diferentes sectores e incluso algunas organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) reconocieron la falta de socialización de estas normas, lo que genera tensión en el país. Fue un llamado de atención, principalmente a los diputados y senadores del oficialismo.

OBSERVACIONES Pese a que la ley actual (1407) y la de hace cinco años, la 786 del 9 de marzo de 2016, tienen las mismas características, es ahora que surgen las observaciones.

La norma fue aprobada por los parlamentarios del MAS el 2 de noviembre y el 4 surgieron las observaciones, sin embargo, fue el 9 que fue promulgada por el Primer Mandatario.

Una de ellas está referida a la obligatoriedad que se encuentra establecida en el artículo 4. Señala que el plan “es de ejecución y aplicación obligatoria” por las diferentes entidades, entre ellas los órganos Legislativo, Ejecutivo y sus empresas públicas, Judicial, Electoral, Tribunal Constitucional Plurinacional, Instituciones de Control y Defensa de la Sociedad y del Estado, Entidades Territoriales Autónomas y Universidades Públicas.

También se cuestiona la concentración del poder en el Ejecutivo porque si bien la Constitución Política del Estado (CPE) le da la potestad a este órgano para definir el plan, consideran que la planificación se debe trabajar en coordinación con las diferentes instancias.

La norma, en su artículo 5 establece que “el Ministerio de Planificación del Desarrollo es responsable de la coordinación, seguimiento y evaluación” del plan.

Por esta razón, aseguran que se destruye la autonomía y no está claro el origen de los recursos.

Otra contradicción que se encuentra está en el artículo 300 de la Carta Magna que establece que la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo económico y social departamentales corresponde a los Gobiernos Autónomos Departamentales y esta norma deja al Ejecutivo esta misión.

Desde el Gobierno aclararon que la planificación está plasmada en el PDES y ahí está clara la constitucionalidad de la norma.

La ley 1407 tiene seis artículos y una disposición adicional en los que también se hace referencia a que los planes sectoriales, territoriales y otros deben ser adecuados, elaborados, formulados y ejecutados en concordancia con el plan actual en un plazo de 120 días calendario, desde la publicación de la ley.

Por otro lado, están otros dos parágrafos que señalan que los recursos del Presupuesto General del Estado se enmarcarán en los lineamientos estratégicos del plan y que los que provienen de la cooperación internacional se canalizarán de acuerdo a los lineamientos estratégicos del plan.

Sobre los ajustes, indica que se realizarán en base a una evaluación integral de los planes de largo, mediano y corto plazo tras una valoración cuantitativa y/o cualitativa. 

Finalmente, en la disposición adicional señala que únicamente en el caso de las entidades territoriales autónomas, los planes territoriales, de gestión territorial comunitaria, estratégicos institucionales, de empresas públicas, estrategias de desarrollo integral y otros “deberán ser elaborados o adecuados” a este plan en un plazo máximo de 180 días calendario.

EL PLAN Según el Ministerio de Planificación del Desarrollo, se proyecta una inversión aproximada de 33.197 millones de dólares hasta 2025, en promedio equivalente 13% del Producto Interno Bruto (PIB), priorizando las inversiones en el sector productivo con una participación del 53% enfocando los recursos, entre otros, en nuevas tecnologías que “permitirán incrementar la generación de excedentes en los sectores estratégicos (hidrocarburos, minería, energía), de la misma manera se impulsará un ambicioso proceso de Industrialización con Sustitución de Importaciones”.

A su vez, los proyectos que destaca son la construcción de plantas para la producción de diésel renovable, refinerías de zinc, la Planta Siderúrgica del Mutún, el Complejo Industrial de Química Básica, el Complejo Industrial Farmacéutico, el desarrollo de la Hidrovía Ichilo – Mamoré, Hidrovía Paraguay – Paraná, entre los más destacados.

En el sector agropecuario están los proyectos para apoyar la transformación de materias primas y mayores niveles de productividad con plantas de procesamiento e industrialización y lograr el autoabastecimiento y la soberanía alimentaria.

Por otra parte, se quiere alcanzar un crecimiento inclusivo con la inversión en el Sector Social para llegar al 11%. Están los proyectos en infraestructura hospitalaria, saneamiento básico, urbanismo y vivienda, entre otros. 

Con relación al presupuesto, será financiado con recursos externos en un 39% aproximadamente, permitiendo una diversificación y el Estado garantiza un 61% con recursos internos que vienen de las inversiones del Estado y sectores estratégicos bajo la premia “maximizar excedentes económicos”.

Los 10 ejes del plan son la reconstrucción de la economía retomando la estabilidad macroeconómica y social; industrialización con sustitución de importaciones; seguridad alimentaria con soberanía, promoción de exportaciones con valor agregado y desarrollo turístico; profundización del proceso de industrialización de los recursos naturales; y educación, investigación, ciencia y tecnología para el fortalecimiento y desarrollo de capacidades y potencialidades productivas.

El sexto eje es salud y deportes para proteger la vida con cuidado integral en tiempos de pandemia; reforma judicial, gestión pública digitalizada y transparente, seguridad y defensa integral con soberanía nacional; medio ambiente sustentable y equilibrado en armonía con la madre tierra; integración y relaciones internacionales con soberanía y culturas, descolonización y despatriarcalización para la revolución democrática cultural.

El Plan de Desarrollo Económico y Social de este año, rumbo a la industrialización, contempla entre sus pilares, por ejemplo, el transporte para la integración; el desarrollo productivo e industrial, hidrocarburos y energía, minería, comercio justo, relaciones exteriores, atención consular y gestión pública plurinacional.

Hace 5 años se hablaba de algunos de estos ejes de trabajo e incluyeron en el plan el disfrute y felicidad, reencuentro soberado con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar y soberanía.

Los ejes centrales se encuentran en la Ley 777 del 21 de enero de 2016 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) para conducir este proceso. 

Desde el Gobierno, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, dijo, citada por ABI, que los ejes del plan como son la industrialización de los recursos naturales, sustitución de las importaciones o mejorar la salud y la educación, fueron pilares respaldados por el voto del pueblo boliviano en las urnas que alcanzó el 55.11%, por lo que exhortó a unir esfuerzos para cumplir esos objetivos de crecimiento.

Reiteró que el PDES no afecta las autonomías departamentales, municipales y menos las universitarias.

El viceministro de Planificación, Carlos Guachalla, recordó que desde el mes de agosto se realizaron cumbres en cada departamento del país que culminaron el 18 de octubre con un encuentro nacional. Fue a través de talleres sectoriales donde los sectores llevaron sus propuestas.