La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) pidieron la liberación del exdirector del Fondo de Desarrollo Indígena y Campesino (Fondioc), Marco Antonio Aramayo, quien permanece en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Municipal de Cotahuma, en La Paz, desde el viernes.

“Aramayo está injustamente detenido, acusado de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, cuando lo que hizo fue denunciar los negociados y la corrupción de autoridades y dirigentes indígenas (…) El Fondioc fue manejado por la exministra Nemesia Achacollo, quien se encuentra en libertad, al igual que centenares de dirigentes del MAS”, dice el pronunciamiento de la APDHB.

Por su parte, el representante del Conade, Manuel Morales, señaló a Página Siete que Aramayo tiene un grado de responsabilidad, pero debe ser procesado en libertad.

Aramayo fue trasladado de la cárcel al Hospital de Clínica y después al Hospital Municipal de Cotahuma, en La Paz, donde permanece en terapia intensiva. 

El exdirector del Fondioc tiene 259 procesos en su contra y pasó de denunciante a denunciado. Hasta la fecha cumplió siete años de detención en diferentes cárceles en las que habría sufrido torturas y vejámenes, según la APDHB.

“El Estado debe respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas y especialmente de los privados de libertad, por esa razón la APDHB exige que el gobierno de Luis Arce Catacora esclarezca las razones por las que el señor Aramayo fue trasladado en extrema gravedad a emergencias de Hospital de Clínicas, donde no había ni siquiera papel para hacerle el electrocardiograma y no le brindaron cobertura del SUS por ser privado de libertad”, dice el comunicado.

Finalmente, Héctor Castellón, abogado de Aramayo, señaló que su defendido tiene hipertensión y que salió del penal con una arritmia cardíaca. Lamentó que nunca se tomara en cuenta su estado de salud para llevarlo a audiencias en regiones altas y bajas durante los siete años en los que estuvo en detención preventiva.