El comandante de la Policía Departamental de Cochabamba, Jaime Zurita, informó que no halló ningún hecho ilícito pasible a sanción penal en los casos denunciados como amedrentamiento armado a un fotoperiodista y la agresión a otros dos periodistas  que realizaron cobertura el 18 de diciembre pasado en puertas de la Asamblea Legislativa Departamental, ALD. 

El amedrentamiento con un arma y la agresión a periodistas provinieron, presuntamente, de algunos integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala, RJC, que ese día se instalaron en la ALD para exigir transparencia en la selección de ternas de vocales departamentales. Allí estaba otro grupo de militantes del Movimiento Al Socialismo, MAS, defendiendo a los asambleístas de ese partido. Hubo amagos de enfrentamiento.

La prensa llegó para la cobertura. Los ánimos estaban caldeados y un hombre que salió del sector de RJC exigió a un periodista gráfico que le muestre su credencial, pese a tener la identificación colgada en el cuello. Al no recibir respuesta, se mostró amenazante e hizo ver que llevaba un arma en la cintura del pantalón. El trabajador de la información se alejó.

Otra colega denunció el hecho a policías que resguardaban la ALD, con la esperanza de que aprehendan al sospechoso. Hubo cierta movilización policial,  y hasta solicitaron detalles al agredido quien ya contaba con una foto del hombre. Mostró la imagen y luego un policía dijo que habían identificado a la persona; sin embargo, más tarde, una mujer policía informó que el hombre no fue encontrado.

Esa misma tarde, una periodista de Los Tiempos y ­­un redactor también fueron agredidos cuando realizaban transmisión directa de la jornada violenta en la calle Colombia. Se quiso evitar la toma de imágenes.

Al día siguiente, se hizo pública la denuncia y la Federación de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba representó a los periodistas. Además de entregar el caso ante el Ministerio Público se pidió la intervención de la delegación defensorial de Cochabamba.

La Defensoría, ante las denuncias de la Federación, pidió informe al comandante Jaime Zurita sobre los hechos y la actuación de la institución encargada de la seguridad de ciudadanos.  

Amparada en leyes, la Defensoría envió una carta a Zurita requiriendo información para ver si existieron actos u omisiones que impliquen violación de los derechos humanos. 

Aquí, hacemos una transcripción de dos cartas; una con preguntas del defensor Nelson Cox y, otra con respuestas de Zurita. 

Defensor pide informar:

1. Sobre el hecho armado si su autoridad habría solicitado informe al servidor público a cargo del contingente policial que resguardó la Asamblea Legislativa Departamental.

La respuesta de Zurita: Sí, mi autoridad ha tenido conocimiento de los presuntos hechos, por un supuesto integrante de la agrupación y dan cuenta de que son presuntos y no reflejan la comisión de algún hecho ilícito.

Cox dice: 2. Señale si habría remitido informe a la Fiscalía Departamental, a objeto de poner en conocimiento los hechos denunciados el 18 de diciembre por un periodista, de haber sido amedrentado con un arma de fuego por un supuesto integrante de la agrupación Resistencia Juvenil Cochala, en cumplimiento a los artículos 295, 284, 285 y 288 del Código de Procedimiento Penal.

Zurita responde: No. porque los informes no reflejan la comisión de algún ilícito penal.

Cox pregunta: 3.- ¿Qué determinación asumirá en su condición de Comandante Departamental para evitar que estas situaciones se repitan, en defensa de la sociedad, la conservación del orden público y de la normativa vigente.

Respuesta: Realizará operaciones de mantenimiento y restablecimiento del orden público de conformidad a normativa vigente.

Los artículos 225, 284, 285, 288 y 195 del CPP no fueron aplicados porque no se detectaron ilícitos penales.

Como es de su conocimiento, las reclamaciones de vulneraciones de derechos humanos se realizan contra el Estado y este caso es entre particulares. El periódico Los Tiempos debe acudir a las instancias idóneas para hacer valer sus derechos y garantías, no así a las publicaciones infundadas puesto que no son el medio idóneo. En consecuencia, no aplica una reclamación por vulneración de derechos humanos por parte de la Defensoría del Pueblo, puesto que la Policía no ha sido parte de esta supuesta agresión entre particulares en la que no intervino el Estado, más al contrario, la Policía ha cumplido a cabalidad la misión constitucional.