Opinión Bolivia

  • Diario Digital | martes, 19 de marzo de 2024
  • Actualizado 00:37

Permisos de construcción caen 18% en cuatro años; se acentúa la desaceleración en el sector

La tendencia a la desaceleración se acentuará más por la paralización obligada por el coronavirus. El sector plantea medidas que si bien pueden afectar el equilibrio macroeconómico, garantizarán que el aparato productivo no desaparezca.
Permisos de construcción caen 18% en cuatro años; se acentúa la desaceleración en el sector

Los permisos de construcción son un indicador de las condiciones económicas porque reflejan el dinamismo en diferentes sectores, así como los niveles de inversión y consumo en el sector privado como en el público. Aunque entre 2015 y 2019 hubo un ligero incremento de 8.41%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2016 y 2019 comenzó una desaceleración que se refleja en la caída del 18% en el trámite de esos permisos en el país en ese periodo, un dato desalentador porque el sector constructor es generador de empleo y mueve servicios e industrias conexas.

Desglosando por departamentos, Chuquisaca muestra la mayor caída entre 2016 y 2019 con 63% permisos tramitados menos; por el contrario, donde hubo crecimiento fue en Tarija con 83%, Potosí con 12%, Beni con 6% y Pando con 14%. La caída se explica entonces con menos trámites en La Paz (-23%), Cochabamba (-34%), Oruro (-9%) y Santa Cruz (-10%).

El gerente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Javier Arce, afirma que el sector comenzó su desaceleración desde 2017 y luego la tendencia se fue acentuando marcadamente.

Datos oficiales muestran que el Producto Interno Bruto (PIB) nacional cerró con 2.22%, la tasa más baja desde 2001 cuando llegó a 1.7%. Por sectores económicos, Construcción creció en 2019 1.91%, por debajo del promedio nacional, cuando entre 2005 y 2016 el PIB constructor creció siempre por encima del PIB nacional.

PARALIZADOS Arce dice que los meses previos, el sector estaba viviendo las consecuencias del conflicto poselectoral de octubre y noviembre 2019, de pronto la cuarentena por la pandemia obligó a la paralización total a mediados de marzo, justo en la época alta porque la temporada seca es la de mayor actividad. Hizo notar que se debe tener en cuenta que la gente puede tramitar el permiso de construcción, pero no se sabe cuándo concretará la obra, puede ser uno o dos años después o puede haber empezado antes y eso distorsiona un poco los datos.

En la actual coyuntura marcada por el COVID-19, la caída de la inversión pública tiene un fuerte impacto, además el precio del petróleo está en números rojos y eso supone la caída de ingresos por la exportación de gas natural. Ese marco hace que la recuperación del sector sea mucho más lenta de lo previsto.

Este año, en el análisis económico de Cadecocruz, se prevé un crecimiento negativo y un despegue muy lento, independientemente de cuando termine la cuarentena.

El cumplimiento de contratos pasados (con el sector público) haría que, a fines de julio, empiece a tomar ritmo; pero la pandemia aún no pasó y no se sabe cuánto durará. Eso supone gastos adicionales en bioseguridad y Arce dice que aún no se sabe si esos gastos los reconocerá el Gobierno o las constructoras. También está por verse qué sucederá con la banca, un socio estratégico para la construcción de edificios privados.

En medio, las obras estatales de los tres niveles de gobierno suman una deuda de 2.500 millones de bolivianos con el sector, pago necesario para que haya flujo de capital. Las empresas tienen deudas y más del 92% son pequeñas y medianas que no tienen respaldo financiero, afirma el ejecutivo.

La semana pasada, en La Paz, el ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia, Valerio Ayaviri, pidió que el Gobierno pague esa deuda para que las empresas paguen por lo menos dos planillas que permitan a los trabajadores cubrir sus gastos durante la cuarentena.

Arce asegura que si no hay reactivación económica y no se hace un plan de pagos de esa deuda, será difícil que el sector vuelva a trabajar en junio (cuando podría retornar cierta normalidad).

Por otra parte, cuando pase la cuarentena y se piense en la reactivación económica, los constructores plantean la necesidad de planificar la inversión porque el presupuesto 2020 ya no es válido. “Se necesitan obras a corto plazo de obras de cumplimiento rápido y con mucha mano de obra, eso dará estabilidad económica y social a las familias. Para eso no existe otro sector mejor que la construcción”.

Superficie en metros. Opinión

PROPUESTAS Además del pago de deudas con el sector, la semana pasada, Cadecocruz presentó al Gobierno otras propuestas para sostener el tejido empresarial y el empleo. Entre ellas postergar las presentaciones y el pago de impuestos hasta octubre de 2020. Habilitar una línea de crédito de liquidez de emergencia de hasta 7.000 millones de bolivianos a través del Banco Unión para préstamos de apoyo a las empresas, priorizando a las pequeñas y medianas, para que puedan hacer frente a sus obligaciones entre los meses de abril y junio, a una tasa de interés del 1% con cinco años de plazo y un año de gracia. Limitar el incremento salarial 2020, tanto del haber básico como del Salario Mínimo Nacional (SMN), al 1.47% equivalente a la inflación de 2019 para que no pierdan poder adquisitivo, pero que su subida no afecte aún más a las empresas.

El pago de todas las deudas que tiene el Estado con las empresas y el acceso a los créditos de liquidez de emergencia deben ir unidos al compromiso de mantener la nómina de empleados según la última declaración trimestral presentada ante el Ministerio de Trabajo.

Para poner en marcha el aparato productivo, propone lanzar para el segundo semestre de 2020 un Plan de Inversiones de Emergencia por 10.000 millones de bolivianos para ejecutar en todo el país obras y proyectos que sean intensivos en contratación de mano de obra, y administrados a través de empresas privadas, para que se vuelva a generar un flujo económico que reactive el resto de la economía nacional.

Los constructores afirman estar conscientes que sus propuestas afectarán el equilibrio de las principales variables macroeconómicas, pero el país y la gente “están por encima de unos indicadores”.