Opinión Bolivia

  • Diario Digital | viernes, 19 de abril de 2024
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Periodista decide replegarse; ONU y Defensoría ven hostigamiento y censura en su contra por caso gases

El canal de televisión Gigavisión denunció que recibió información de que existen presuntas instrucciones a la Policía para realizar seguimiento, “maquinación” y un “trabajo sucio” en contra del trabajador de la prensa.

El periodista y presentador del programa Detrás de la Verdad, Junior Arias. FACEBOOK
El periodista y presentador del programa Detrás de la Verdad, Junior Arias. FACEBOOK
Periodista decide replegarse; ONU y Defensoría ven hostigamiento y censura en su contra por caso gases

El periodista del programa Detrás de la Verdad del canal de televisión Gigavisión, Junior Arias, decidió hacer una pausa en su trabajo tras denunciar presuntos hechos de corrupción y sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos para la Policía y las Fuerzas Armadas, a través de una empresa en Estados Unidos.

Desde este medio de comunicación anunciaron que recibieron información de que existen presuntas instrucciones a la Policía para realizar seguimiento, “maquinación” y un “trabajo sucio” en su contra. La reacción del Gobierno que calificó la denuncia como falsa y parte de una “guerra sucia”, además que no descansará hasta la rectificación provocó una serie de llamados al respeto a la libertad de información en el país.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Defensoría del Pueblo se pronunciaron al respecto y calificaron como hostigamiento y censura lo sucedido.

“Los periodistas que investigan presuntos actos de corrupción no deben ser blanco de hostigamiento o acoso. El Estado debe abstenerse de reacciones desproporcionadas que puedan generar un efecto inhibitorio o silenciador en la prensa", señaló ayer en Twitter la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), según EFE.

Recordó a las autoridades que deben favorecer el debate bajo un clima de apertura al trabajo de la prensa. Asimismo, agregó que los señalamientos de presuntos actos indebidos deben recibirse con más debate, pero además las autoridades deben proveer la información que dispongan para arrojar luz sobre la acción noticiosa.

MÁS REACCIONES La Defensoría del Pueblo de Bolivia calificó de "censura indirecta" el hecho de que el periodista de este canal anunciara durante esta jornada que dejará su trabajo por unos días, al temer por la seguridad tanto de él como de su familia y de los compañeros de la televisora, en un comunicado en el que esta entidad denunció "amenazas y amedrentamientos" desde del Gobierno.

“La licencia forzada del periodista Junior Arias pone en evidencia la censura indirecta que ha ejercido el Ejecutivo a través de amenazas, incluso, a través de la restricción de la pauta publicitaria en ese medio televisivo, lo cual se constituye en la afectación a la libertad de prensa y de expresión y que además vulnera el derecho de la población al acceso a la información”, manifestó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Estas críticas se suman a otras sobre el actuar del Ejecutivo como las vertidas por el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, y el director de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, mientras que organizaciones de prensa de Bolivia no se pronunciaron sobre este caso.

La información periodística advierte de un supuesto sobreprecio por cerca de dos millones de dólares en una compra, el pasado noviembre, de material como gases lacrimógenos y pelotas de goma, a través de un intermediario en Estados Unidos en vez de directamente del representante de una empresa en Bolivia.

El Gobierno defiende que la compra cumplió la legalidad y considera que la información “fue presentada de modo malicioso y manipulador".

LA SITUACIÓN El anuncio del repliegue del periodista estuvo a cargo de Jorge Arias, quien es la cabeza visible de Gigavisión.

Según la información que reveló, reportada por ERBOL, se habría instruido a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz realizar un seguimiento, persecución a la gente de Gigavisión, incluso para que se “componga algo” en el afán de incriminarlos.

Señaló que, según sus datos, el coronel José María Velasco, director de la FELCC, se había negado a cumplir esa instrucción, pero había “otra persona” que se ofreció a llevarla a cabo.

Arias afirmó que la versión fue tomada más en serio cuando Velasco fue destituido del cargo y fue reemplazado por la “otra persona”. Aseveró que también hubo instrucciones para que órganos de inteligencia hagan ese “trabajo sucio” y que uno de ellos se negó. Consideró que esta situación pone en peligro a su familia, siendo además Gigavisión una empresa familiar, por lo cual determinó pedirle a Junior Arias que se acoja a una licencia temporal de unos días.

“El objetivo (con la licencia de Junior) no es que estemos retrocediendo, no es que nos hemos muerto de miedo, somos además gente de trinchera así hemos sobrevivido, no es la primera vez que tenemos este tipo de dificultades. La razón es que queremos verificar si existen o no las condiciones en este país para realizar nuestro trabajo periodístico, queremos saber si el estado no se puede o no brindar las garantías que se necesitan para el ejercicio libre independiente y soberano de la libertad de expresión”, dijo.

Junior Arias, a su turno, confirmó que dejará la pantalla temporalmente.

“Me voy, asumo esta determinación tranquilo, satisfecho, con la frente en alto porque creo haber hecho un trabajo que lo único que ha tratado de dar a conocer a los ciudadanos y a los espectadores es una serie de hechos que han marcado presuntas irregularidades en el gobierno actual”, manifestó.

El periodista señaló que le preocupa la seguridad de su familia ante “amenazas veladas” de que se estaría tratando de “fabricar, sembrar pruebas”.

Junior manifestó que pudo generar la molestia del Gobierno con sus publicaciones de casos como los finiquitos irregulares en ENTEL, uso indebido de aviones por parte de la hija de la presidenta Jeanine Añez y el Ministro de la Presidencia, investigaciones en YPFB, la contratación que hizo Luis Revilla, aliado de la mandataria, para un hotel usado como centro COVID, el caso respiradores, pero la “gota que rebalsó el vaso” fue develar la compra millonaria de gases lacrimógenos.

“Lamento la cobardía y el abuso de poder de este gobierno que no tiene límites, pero sí tiene fecha de expiración. Asumo la determinación feliz, tranquilo y satisfecho creyendo que he cumplido con mi rol”, agregó.

REACCIÓN

“Mi solidaridad con el periodista Junior Arias al comprobar que la práctica del MAS de perseguir, acosar y amenazar a periodistas que denuncian casos en los que se debe investigar posible corrupción, se mantiene en el gobierno de transición. Sin libertad de prensa no hay democracia. CARLOS MESA. Expresidente y candidato de CC.