“No tenga la menor duda de que soy beniano”. Con esas palabras el actual ministro de Justicia, Álvaro Coimbra Cornejo, concluye la entrevista, en la que —con sencillez y buen ánimo— nos contó sobre su temprana incursión en la política y su amplia trayectoria profesional —a pesar de que todavía no cumple los 40 años—; la influencia y las enseñanzas de su madre Ruth Cornejo Vidal, quien fue su maestra de la vida y de las leyes; el amor por el Beni —una tierra que no lo vio nacer, pero que lo acogió como uno de los suyos y, finalmente, sobre los desafíos que encara desde el Ministerio de Justicia, para recuperar la credibilidad que esta institución perdió, según él, en la anterior gestión del Gobierno del MAS.

También orientó sobre quién tendrá que definir si el expresidente Evo Morales y el exgobernador de Tarija, Mario Cossío Cortez, pueden participar o no de las próximas elecciones.  

Como primera medida de su gestión, Álvaro Coimbra inició un diagnóstico de la situación del ministerio y dejó en claro que no  existirá injerencia del Ejecutivo en el órgano judicial. 

Piensa encarar con acciones concretas problemáticas como la situación carcelaria en Bolivia, la lucha contra la violencia infantil y de género, la pederastia, la universalización de los servicios de justicia y la institucionalización de la justicia.

En este último punto hay muchos cambios propuestos para la selección de jueces y vocales. Para Coimbra, solo los mejores juristas que estén aptos psicológicamente podrán dirigir la justicia en el país.

P. ¿Qué acciones asumirá para reducir la mora judicial a nivel nacional que provoca que los procesos se alarguen más de lo que corresponde ? 

R. La carga procesal está creciendo cada vez más y no ha habido un aumento de jueces ni de funcionarios judiciales. 

Después de un diagnóstico hemos determinado que Bolivia necesita —por lo menos— 200 juzgados nuevos  que conlleva mayor cantidad de jueces, secretarios, auxiliares, equipamiento e infraestructura. Actualmente, estamos realizando un trabajo junto al Ministerio de Economía para ver si en el primer reformulado del Presupuesto General de la Nación (marzo) se puede disponer recursos para este fin.

P. ¿Cuál será el proceso de selección de las nuevas autoridades judiciales y qué sucederá con las acefalías que existen en algunos juzgados del país?

R. Hemos presentado a la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia, creada mediante la Ley 898 en 2017, una propuesta para modificar el reglamento de convocatoria para la selección de jueces y vocales, puesto que hay muchas observaciones a la elección del año pasado. Queremos brindar mayor transparencia. 

P. ¿Cuáles son los cambios que propone? 

R. Lo primero, elevar el rango de la nota de 51 a 71 puntos. Segundo, incorporar el tema de estudio psicológico como requisito de elegibilidad. 

Un plantel de psicólogos va a hacer una evaluación a los postulantes para establecer si está o no en condiciones de ser juez. Tercero, el examen escrito será reemplazado por uno oral; ya no habrán preguntas, tendrán que hacer un análisis de un caso específico. 

Ya no corresponde un examen escrito, se supone que salió de la universidad sabiendo las preguntas y respuestas.

P. En este mismo tema, ¿qué otras medidas se aplicarán para subsanar el déficit de jueces?   

R. Este mes, a través del Consejo de la Magistratura, lanzaremos una convocatoria para las aproximadamente 100 acefalías que hay en los juzgados del país. Luego, vamos a integrar a los jueces de nueva creación, cuyo número va a depender del presupuesto asignado. 

Posteriormente, haremos una evaluación de las capacidades a los jueces vigentes y, en base a eso, veremos si es necesario llamar a convocatorias para reemplazar a algunos.

Queremos institucionalizar el orden judicial, que tengamos estándares internacionales, que la mejor gente sea juez. Uno de los problemas más grandes que ha tenido nuestro país en estos 14 años ha sido la justicia.

P. ¿Cuál es la situación de las personas que han retornado al país —después de años de ausencia por supuesta persecución política— y que quieren retomar la actividad política, tal es el caso del exprefecto tarijeño Mario Cossio? ¿Cuáles son sus derechos?

R. Creo que harán un análisis jurídico que lo va tener que hacer el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Por un lado, esta la posición que establece dos años de residencia en el país para ser candidato y, por otro lado, está el caso de las personas que no estuvieron en Bolivia, pero no por su propia voluntad, sino por razones forzadas. 

El Tribunal Constitucional tiene una sentencia respecto a lo que significa este requisito de los dos años, que lo estableció como constitucional y se lo tiene que valorar. 

El TSE deberá tomar una posición jurisdiccional que es lo que corresponde en esta etapa, y va tener que definir cuál de las dos posición jurídicas es la válida. 

P. ¿Y el caso del expresidente Evo Morales es el mismo o tendrá que hacerse un análisis diferente?

R.En el caso del expresidente Morales hay que aclarar que él deja el país voluntariamente, en el otro caso es de manera forzada. 

Habrá que estudiar cuáles son los alcances jurídicos  de tener una condición de  asilado y refugiado, qué significa eso jurídicamente en nuestro país, a efectos de querer ejercer un derecho político. 

Evo Morales tenía asilo en México, luego se fue a Argentina y tengo entendido que su refugio ahí está en trámite. Mas allá de que en esté en proceso, tiene todas los prerrogativas de un refugiado.

Es un tema que el  TSEtendrá que definir, pero también hay que entender que no puede actuar de oficio. Para que se active este análisis tendrá que existir una impugnación a la candidatura.

P. Hace dos semanas el diario OPINIÓN publicó la investigación “Las cuentas pendientes de la pederastia católica en Bolivia”. Desde el Ministerio de Justicia se ha tomado alguna medida al respecto para ampliar esta información tan delicada?

R. He pedido un informe sobre este tema a los Viceministerios de Igualdad de Oportunidades y de Justicia. Nosotros más allá de los sectores o de las posiciones políticas que puedan haber, no vamos a incurrir en ningún tipo de impunidad ni en corrupción ni en delitos de feminicidios ni de pederastía... de ningún tipo. 

PERFIL

* Alvaro Eduardo Coimbra Cornejo nació en La Paz en 1981. A sus 15 años su familia se trasladó a Trinidad. 

* Estudió Derecho en la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián y obtuvo una maestría en Derecho Constitucional y Autonomías en la Universidad Andina Simón Bolívar en Santa Cruz.

* En su último año de universidad incursionó en la política.

* En 2006 empezó a trabajar con el entonces prefecto del Beni, Ernesto Suárez, como consultor jurídico. A sus 29 años, fue Director Procesal de la Gobernación.

* En 2011 fue Asesor de la Presidencia del Concejo Municipal de Trinidad. Luego entra a la Gobernación como Director de Justicia.

* En 2014 renunció para participar como candidato diputado supraestatal suplente por Unidad Demócrata. 

* El 14 de noviembre asumió como Ministro de Justicia.

* A nivel personal, es el orgulloso papá de Camila y Facundo Coimbra Guzmán.