El exministro de Gobierno Arturo Murillo está detenido en EEUU junto a otras cuatro personas por lavado de dinero y sobornos en la compra de gases lacrimógenos y otros equipos antidisturbios para la Policía durante la gestión de Jeanine Áñez, en 2020.

La Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de EEUU, a través de una nota de prensa, informó que dos fiscales están al frente del caso y la confiscación de los activos de las cinco personas capturadas por el FBI.

El cargo que enfrentan es el de conspiración para cometer el delito de lavado de dinero y, de ser encontrados culpables, enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión.

Murillo y Rodrigo Méndez, de nacionalidad boliviana, y los tres ciudadanos estadounidenses, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, fueron arrestados entre el 21 y 22 de mayo en Florida y Georgia porque “participaron en el plan de soborno entre aproximadamente noviembre de 2019 y abril de 2020”.

LOS HECHOS

El exministro y el exjefe de Gabinete están acusados de recibir sobornos “pagados por una empresa e individuos estadounidenses para asegurar un contrato con el gobierno boliviano y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar esos sobornos”.

Bolivia pagó $us 5.7 millones (Bs 39.5 millones) por la compra de gases lacrimógenos, pero a la empresa brasileña Cóndor se pagó $us 3.3 millones (Bs 23 millones) para su adquisición, por lo que se presume un daño económico al Estado de $us 2.3 millones (Bs 16 millones).

Los documentos judiciales de EEUU dan cuenta que ambos funcionarios de Gobierno y un tercero, que aún no fue identificado, recibieron $us 602.000 (más de Bs 4 millones) en sobornos para que se concrete el contrato por aproximadamente $us 5.6 millones (más de Bs 38 millones) para la adquisición de gas lacrimógeno y otros equipos no letales.

A continuación, y después de lavar los pagos a funcionarios del gobierno, a través de cuentas bancarias en Florida y Bolivia, se les pagó $us 582.000 (más de Bs 4 millones) en efectivo a Murillo y Méndez.

En el documento se aclara que los cargos en la demanda son acusaciones por lo que se presume su inocencia hasta que se pruebe lo contrario.

EXTRADICIÓN

En Bolivia, el Gobierno anunció que pedirá a EEUU la extradición de Murillo y su exjefe de gabinete.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, indicó que solicitará la activación del sello azul, además que se enviarán notas a EEUU. 

"Nuestra jurisdicción nos permite realizar este proceso en territorio boliviano. Es por eso que queremos que se juzgue a estos bolivianos en territorio nacional, queremos que estas personas rindan cuentas", expresó.

Del Castillo mostró fotografías que supuestamente establecen los vínculos de Murillo con Méndez y calificó como un "clan mafioso" de Áñez en el que apuntó a ambos y al exministro de Defensa, Fernando López.

Además, apuntó que se hará todo lo posible para que el país recupere esa suma de dinero.

OTRAS DETENCIONES

Por este caso se detuvo ayer en el país a dos personas involucradas con Murillo. Se trata del exedecán o exmiembro de seguridad, el capitan Daniel Bellot, que brindó su declaración informativa en la ciudad de La Paz.

También está el cuñado de Murillo, Daniel Aliss, quien fue atrapado cuando retiraba dinero y objetos de valor de una caja de seguridad de un banco en la ciudad de Cochabamba. Se presume que estaría vinculado al caso en cuestión por el que fue trasladado hasta La Paz, donde brindará sus declaraciones.

Reacciones y explicaciones

El arresto del exministro de Gobierno Arturo Murillo y de otros exfuncionarios generó diferentes reacciones.

El hijo de Rodrigo Méndez, exjefe de gabinete de Murillo, dijo, a través de su cuenta de Instagram, que la detención de su padre, a quien no ve hace más de 10 meses, es un "malentendido con tintes políticos que se aclarará pronto”.

Por otro lado, desde Boliviana de Aviación (BoA) se aclaró en un comunicado que el señor Daniel Aliss, cuñado de Murillo y piloto comercial, ya no trabaja en la aerolínea desde el 16 de abril de este año.

Entre tanto, el Presidente Luis Arce dijo que esas revelaciones que empezaron a conocerse indignan al Gobierno.

“Hoy asistimos con indignación a la develación de cómo las autoridades 'golpistas' se involucraron en actos de corrupción en 2019 y 2020 y que van saliendo a la luz, porque día que pasa se conocen irregularidades donde claramente se demuestra que en ese gobierno simplemente primó la consigna personalista, antipatriótica y se olvidó de preservar los intereses del pueblo y la democracia”, dijo.

El expresidente Carlos Mesa dijo que la detención indigna, daña la imagen del país y evidencia la vergonzosa degradación de quienes debían servir al pueblo.

Exigió una investigación imparcial en Bolivia para llegar al fondo de este caso.

El exministro Fernando López escribió en su cuenta de Twitter que desde su "forzado e injusto exilio" ve en la investigación del FBI una "luz de esperanza y justicia para llegar a la verdad".

Para el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, las detenciones son prueba de “un plan de desfalco económico” y pidió su extradición.

Apuntes

Investigación

• Según las investigaciones de la Policía, Murillo abrió cuatro cajas de seguridad en el Banco Nacional de Bolivia y ahí ocultó el dinero. 

• Su cuñado Daniel Aliss hizo el retiro en cuatro ocasiones, entre noviembre de 2020 y abril de 2021, y luego viajaba a Argentina y Brasil para “blanquear” el dinero. Antes de su aprehensión, retiró $us 40.000 en una mochila.

• El Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo también que Murillo usó a tres policías para cometer los delitos. Su jefe de seguridad, ahora detenido, realizó dos depósitos por Bs 100.000 y en su intento de vulnerar las alertas de la Unidad de Investigaciones Financieras, dividió los pagos en Bs 50.000 cada uno en favor del exministro. Un tercer uniformado estaría involucrado.

• El 29 de octubre del 2020, es Murillo quien realizó una transferencia de sus cuentas que tiene en Bolivia hacia los EEUU por más de Bs 1 millón. 

• El Ministerio de Justicia solicitó al Ministerio Público ampliar la investigación de la compra con supuesto sobreprecio para indagar estos nexos y apunta a Áñez, quien está detenida preventivamente por otro caso.

• Murillo y López son investigados en el país por los delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado, entre los principales.

Proceso en EEUU

• El caso que comenzó con la investigación de un agente del Departamento de Seguridad Nacional tiene cinco posibles escenarios.

• El abogado estadounidense Thomas Becker dijo a Página Siete que se puede dar la detención preventiva ante un riesgo de fuga o una fianza y defenderse en libertad. 

• Una segunda posibilidad es que sea sentenciado a una pena máxima de 35 años, de los cuales 15 son por soborno y 20 por lavado de dinero.

• La tercera salida es una negociación entre la parte acusatoria y la demandada, lo que permitirá reducir los años de cárcel a un mínimo de dos. 

• La cuarta medida es el pago de una multa.

• Finalmente, la quinta es que no sea sentenciado a prisión.

• Sobre la extradición, dijo que, por los delitos cometidos en EEUU, las penas se pagan en territorio norteamericano y luego son enviados a sus países.