A siete meses de su detención en EEUU por los delitos de soborno y lavado de dinero, el exministro de Gobierno Arturo Murillo, decidió declararse “no culpable”, lo que retrasa una sentencia en su contra.

El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, informó que se debe esperar entre 7 y 15 días para una nueva audiencia de juicio con la participación de jurados para definir su situación jurídica tras la compra de gases lacrimógenos en Bolivia con un sobreprecio de más de dos millones de dólares.

En este tiempo, según Chávez, la exautoridad, que recibió el documento de cargos en las últimas horas, puede cambiar su declaración inicial (no culpable).

“La decisión es personal y podría ser revocada de manera personal por su defensa y por el mismo acusado en este caso. De no hacerlo, puede enfrentar una situación más desfavorable para él”, manifestó.

La audiencia de Murillo se desarrolló el miércoles en Miami (EEUU) y Bolivia participó de forma presencial y fue representada por sus abogados y el Encargado de Negocios.

“Tenemos también una información general que la audiencia de juicio, de persistir en esa posición el señor (Arturo) Murillo, estaría programada en los siguientes 7 a 15 días, que es un plazo razonable, para señalar la audiencia de juicio con jurados”, añadió Chávez.

LA SITUACIÓN

La exautoridad fue detenida en mayo junto a otros socios, quienes admitieron su responsabilidad y pagaron una fianza para quedar en libertad. El 18 de enero de 2022 a las 16:00 horas se conocerá la condena en contra de Luis Berckman, Bryan Berckman, Sergio Rodrigo Méndez y Philip Lichtenfeld.

“Estamos tranquilos, por eso vamos a esperar las siguientes notificaciones que se tenga y, quién sabe, un cambio de posición de la defensa de Arturo Murillo en los Estados Unidos”, añadió.

Los indicios establecen que la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS) pagó 3.3 millones de dólares por la compra de los gases a la brasileña Cóndor en 2019 y posteriormente vendió este material al Estado boliviano en 5.6 millones, lo que ocasionó un daño económico de 2.3 millones de dólares.

“Ese dinero ha sido detectado por los movimientos financieros que se han hecho desde el Banco Central de Bolivia hacia cuentas de los EEUU y devueltos al país a través de transferencias al mano de Murillo y de su jefe de gabinete y la empresa que se ha prestado a esto. Todo descubierto por una investigación realizada por el FBI”, agregó.

Por otro lado, Chávez informó que se lleva adelante otro juicio pidiendo la devolución de los dineros, en la vía civil, y en trámite de calendario procesal para que en octubre de 2022 se tenga una audiencia de juicio.

“Tenemos el próximo año dos audiencias de posible conciliación, es un calendario de acuerdo al sistema norteamericano”, sostuvo.