El exministro de Gobierno Arturo Murillo busca su libertad en EEUU, donde se encuentra detenido por los delitos de lavado de dinero y soborno. 

Su audiencia, previa a un juicio oral, está prevista para este 9 de julio, sin embargo, según el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, citado por ERBOL, la Fiscalía encargada del caso en el país del norte solicitó postergar la misma para el 9 de agosto, lo que está siendo analizado.

Para el abogado estadounidense Thomas Becker, en su país existen tres salidas que pueden estar siendo analizadas por la Fiscalía y se harán conocer ante el juez, quien también podría atender la solicitud de libertad.

La primera opción es que la exautoridad sea declarada un testigo protegido. Esa posibilidad se conoció en Bolivia. Aunque es poco posible y fue catalogado como un rumor, según el profesional en derecho, se aplica principalmente en casos donde está involucrada la mafia, pandillas o cuando la vida de esa persona está en evidente peligro.

Otra salida es que pueda “servir” como testigo en otro caso, lo que además permite que se le baje su sentencia. En el caso de soborno la pena máxima es de 30 años y por lavado de dinero es 15.

“Tiene que tener información muy fuerte, importante y concreta para EEUU. Al haber sido un ministro de Gobierno (Arturo Murillo), debe ser de una persona de alto nivel, es raro que suceda. El fiscal es quien está abierto a esto y es quien negocia”, explicó.

Dijo también que la CIA o el FBI pueden decir si están interesado en lo que ofrece y se abre la posibilidad.

La tercera salida es declararse culpable de los delitos de los que se le acusa, en busca de lograr una pena baja.

Becker señaló que no es determinante para la Justicia si Murillo tiene o no antecedentes en su país o procesos, como en este caso más de una veintena, porque se priorizan los delitos cometido en EEUU. 

Por otro lado, el jurista que impulsó el juicio contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzaín, que se encuentran en su país, se refirió a los alcances de la audiencia, prevista en principio para el 9 de julio.

Según Becker, el fiscal debe realizar un alegado que sea suficiente para convencer al juez de que el caso debe ir a juicio oral y demostrar que tiene prueba directa para ir a la siguiente etapa.

A su vez, se puede atender la solicitud de libertad y aplicarle una fianza y el uso de una tobillera electrónica, entre otras medidas que sustituyen a la detención.

“Puede pasar en la audiencia, antes o después, no hay plazos”, concluyó.

EL DINERO Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en el programa Fama, Poder y Ganas, ratificó que su antecesor en la gestión de Jeanine Áñez continúa detenido en EEUU y que el proceso en Bolivia por el caso gases por un presunto sobreprecio continúa con la mirada puesta en una sentencia, pero también en recuperar el dinero.

Relevó que, aunque aún no se concretó, el Estado prevé recuperar $us 850.000, recursos que invirtió Murillo en un proyecto inmobiliario en Santa Cruz.

“Los representantes legales de la inmobiliaria se han aproximado y quieren endosar los recursos para que sean puestos a disposición de la Justicia. Es una devolución”, informó.

Dijo también que el dinero salió del Banco Central de Bolivia (BCB) rumbo al banco JP Morgan de EEUU para que luego “el clan mafioso” se lo reparta. 

Según Del Castillo, el objetivo es que este monto de dinero y el que se pueda recuperar a futuro por este caso y otros sea destinado a la construcción de un oncológico o la compra de equipos para ayudar a las personas con cáncer, en especial a los niños.

“Se está trabajando la normativa y el Presidente está de acuerdo en el que el dinero vaya a las arcas del Estado. Hemos creado una unidad especializada de la Policía para investigar delitos vinculados al lavado de dinero y otros para este fin”, sostuvo.