Opinión Bolivia

  • Diario Digital | jueves, 09 de abril de 2020
  • Actualizado 17:47

MURILLO ADVIERTE QUE FAVORECE AL “NARCOTERRORISMO”

Gobierno: Informe de la CIDH es “sesgado” y “vergonzoso”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó de “masacres” las muertes de civiles en las ciudades de Sacaba y El Alto, además de “ejecuciones extrajudiciales”.
Dos personas detenidas son llevadas por policías, durante los conflictos en Sacaba. DICO SOLÍS
Dos personas detenidas son llevadas por policías, durante los conflictos en Sacaba. DICO SOLÍS
Gobierno: Informe de la CIDH es “sesgado” y “vergonzoso”

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que pide una investigación internacional sobre la violencia en Bolivia es "sesgado" y "vergonzoso", en opinión del Gobierno interino del país.

"Es increíble cómo se maneja cierta gente, es vergonzoso, por decirlo de la manera más sutil, el trabajo de la CIDH no es un buen trabajo y lo vamos a revertir", criticó el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

"Vamos a mostrar las pruebas de lo que ha sucedido en nuestro país", manifestó Murillo en una conferencia de prensa en La Paz.

El Ministro denunció que en su opinión el informe no refleja la realidad de los hechos y solamente favorece a lo que calificó de "narcoterrorismo", sin dar más detalles.

Murillo cuestionó dónde estaba este organismo en los últimos casi 14 años del Gobierno de Evo Morales, durante el que aseguró que hubo más de 100 muertos en Bolivia en episodios violentos.

"Dónde estaba la CIDH en la matanza de Porvenir, la Calancha, dónde estaba la CIDH cuando pateaban y masacraban a los indígenas de Chaparina, dónde estaba la CIDH en estos últimos 14 años donde ha habido más de 100 muertos en nuestro país por el Gobierno de Evo Morales, esa es una pregunta que debe responder la CIDH".

El titular de Gobierno afirmó haber recibido "con mucho dolor" la investigación desarrollada "unilateralmente" por la comisión.

El informe, no obstante, asegura que fue realizado en una visita de observadores de la CIDH al país "a invitación" del Estado boliviano.

Murillo lamentó que la comisión no se pronuncie sobre cuestiones como "quién ha pagado" a cocaleros, campesinos y otros colectivos que se movilizaron contra el Gobierno interino.

Anunció, según ABI, que se presentarán pruebas de lo que sucedió en el país para revertir el informe. 

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Sergio Choque, declaró a los medios en La Paz que mucha de la violencia que denuncia el informe no se reflejaba en medios bolivianos tras haber advertido el Gobierno interino de que podrían cometer sedición.

Sin embargo, el estudio de la comisión permitirá que "las arbitrariedades" denunciadas sean sancionadas, tanto los autores materiales como los intelectuales, señaló Choque, que pertenece al Movimiento Al Socialismo.

CONCLUSIONES El informe concluye que una investigación internacional debe esclarecer la violencia en Bolivia tras las fallidas elecciones de octubre, incluidas las "masacres" de civiles, entre otras posibles violaciones de derechos humanos, como "ejecuciones extrajudiciales".

El estudio es resultado de una visita de observación de la CIDH entre los pasados 22 y 25 de noviembre a cuatro ciudades de Bolivia.

La comisión constató que desde los comicios del pasado 20 de octubre, que fueron luego anulados, murieron 36 personas por la violencia en el país, al menos 18 de ellas en esas dos ciudades.

La violencia comenzó el día después de los comicios del pasado 20 de octubre, en los que Morales fue proclamado vencedor para un cuarto mandato consecutivo entre denuncias de fraude a su favor, que luego quedaron anulados.

Un informe de la OEA del pasado 10 de noviembre advirtió de graves irregularidades en las elecciones y ese día Evo Morales anunció su renuncia, denunciado un golpe de Estado para derrocarlo, para salir el día siguiente hacia México como asilado.

El país quedó sumido en el caos, con un vacío de poder hasta que dos días después la entonces senadora opositora Jeanine Áñez asumió el poder de forma transitoria hasta unos nuevos comicios.

Reportan efectos psicológicos en detenidos

El Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI) reportó que ha identificado efectos psicológicos en personas que sufrieron malos tratos al ser detenidas en el conflicto postelectoral.

"Las personas afectadas, entre los que hay varios jóvenes, presentan un cuadro de miedo intenso y persistente en el que el susto ha sido tan grande que han quedado con dificultad para hablar, para contar lo que les ocurrió", dice el reporte hecho público.

El ITEI puntualiza en el informe presentado que ha recibido los testimonios de 90 personas que han sufrido tortura y malos tratos en el momento de su detención en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) y en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP).

“Leyes de amnistía son inadmisibles”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que hubo graves violaciones de los derechos humanos durante la crisis social que se desató tras las elecciones del 20 de octubre, que posteriormente fueron anuladas, luego de que la Organización de Estados Americanos (OEA) detectara fraude electoral. La Cámara de Diputados aprobó una norma que garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales: civiles, políticos y de libre expresión de líderes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes de los pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianos, dirigentes vecinales, personas movilizadas, actores políticos, ciudadanos en general, funcionarios públicos y autoridades electas.

"La CIDH también ha sido informada sobre la presentación y trámite actual de un proyecto de ley en el cual se eximiría de responsabilidad penal a Evo Morales y a Álvaro García. Al respecto, la CIDH advierte que bajo los estándares interamericanos son inadmisibles las leyes de amnistía, o sus equivalentes, que pretendan excluir la responsabilidad penal individual de quienes son responsables por violaciones graves de los derechos humanos, independientemente de su rango o nivel de mando en la estructura del Estado".