Opinión Bolivia

  • Diario Digital | miércoles, 20 de enero de 2021
  • Actualizado 10:38

Mineros de San Cristóbal formalizan querella contra exautoridades del Gobierno

Según la denuncia, el MAS se beneficiaba con recursos provenientes de las jornadas laborales extraordinarias y otros pagos que no eran cancelados a los trabajadores.
Mineros, en puertas del Ministerio Público. PETER LUNA
Mineros, en puertas del Ministerio Público. PETER LUNA
Mineros de San Cristóbal formalizan querella contra exautoridades del Gobierno

Una delegación de trabajadores del complejo minero San Cristóbal de Potosí llegó hasta La Paz para formalizar denuncia penal contra exautoridades del gobierno de Evo Morales. Así lo hizo conocer el secretario general del sindicato de esa empresa, Henrry Cayo.

“Nos estamos apersonando a la Fiscalía para presentarnos como víctimas múltiples los trabajadores mineros de San Cristóbal por la corrupción que hubo con el anterior gobierno. Hemos reclamado el pago de nuestros salarios dominicales, pero hasta ahora nada”, dijo el dirigente.

El abogado Eduardo León en representación legal de los trabajadores mineros señaló que se apersonaron al Ministerio Público para formalizar la denuncia por los delitos de enriquecimiento ilícito, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y delitos relacionados con el financiamiento al partido en función de gobierno con recursos provenientes de los beneficios sociales de los trabajadores mineros.

“Esta fue una mina de oro para el Movimiento Al Socialismo. Los empresarios eran los que financiaban sus campañas electorales con recursos de los trabajadores de San Cristóbal y con dinero para beneficiarse”, enfatizó León.

El jurista agregó que la querella fue iniciada hace algún tiempo atrás; sin embargo, la misma no tiene avances por lo que determinaron apersonarse al Ministerio Público para presentar mayores elementos probatorios que establecen los hechos ilegales.

“Estamos acusando al gobierno de Evo Morales de haber logrado financiamiento ilegal para su campaña electoral mediante los recursos de la mina San Cristóbal. Estamos a la vez denunciando que, a través de estos recursos, se ha financiado a todos los grupos que han utilizado para realizar los actos de desestabilización del gobierno y por último denunciamos que los trabajadores han sido objeto de extorsión, chantaje y estafa cuando sus recursos correspondientes al trabajo dominical han sido secuestrados por el ministerio de trabajo”.

El abogado manifestó que existen suficientes elementos para probar que los dineros de los trabajadores del socavón fueron desviados, por lo que piden que el Ministerio de Trabajo intervenga la empresa para establecer cuál era el manejo de sus estados financieros, gastos y otros aspectos relacionados a la administración de la empresa, acusó a ex autoridades gubernamentales de ser los principales promotores del desvió de recursos de ese complejo minero.

“Los que están en este momento involucrados son Juan Ramón Quintana como uno de los principales quien ha intervenido la mina y ha extorsionado. Segundo está el señor Cesar Navarro, el anterior ministro de trabajo y todo el directorio de la mina San Cristóbal están involucrados en este grave caso de corrupción”, agregó.

El abogado manifestó que la querella contra las exautoridades de gobierno y funcionarios de la empresa San Cristóbal contempla a las siguientes personas: Juan Ramón Quintana, César Navarro, Milton Gómez, Héctor Arce, Iván Bascopé, Jenny Ibáñez y Jorge Amed Llorenti Soliz (hermano de Sacha Llorenti).

Según la denuncia, el MAS se beneficiaba con recursos provenientes de las jornadas laborales extraordinarias y otros pagos que no eran cancelados a los trabajadores, sin embargo, eran descontados a los mismos por lo que quienes obraron de esa manera incurrieron en una serie de ilícitos.

“Se les está denunciado por los delitos de resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, retardación de justicia, conducta antieconómica, receptación de delitos de corrupción, uso indebido de influencias y uso de instrumento falsificado en relación a falsedad material y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al estado y enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos con recursos de la empresa San Cristóbal”, sostuvo el jurista, quien enfatizó que el daño económico afectado a 834 trabajadores supera los 250 millones de bolivianos.