Testimonios recogidos por la Fiscalía apuntaron la responsabilidad al general en retiro del Ejército, Luis Fernando Valverde, por haber ordenado el movimiento de vehículos militares que derivó, presuntamente, en la muerte de 10 personas en Senkata el 19 de noviembre de 2019. 

Sin embargo, el acusado replicó que en ese entonces estaba como civil y no tenía la potestad de dar órdenes por lo que pidió la anulación de la imputación en su contra y anunció que acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares por la vulneración de sus derechos por la Fiscalía.

Valverde era Director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en ese periodo, sin embargo, siete testimonios y dos informes lo apuntan como responsable del delito de homicidio.

A través de un incidente, alegó que la versión del Ministerio Público carece de coherencia y secuencia lógica y observó que se le acuse de estar al mando de oficiales y que hubiese intervenido como autor mediato, siendo que estaba en un cargo civil.

La defensa legal del acusado sostuvo también que la posición del Ministerio Público es “ilógica”, “infundada” y hasta “fantasiosa” en la relación de hechos que expuso, debido a lo cual se ha presentado un recurso para anular la imputación señalada.

Su abogada, Odaliz Mariño, consideró que la argumentación de la Fiscalía es ilógica, puesto que un civil, como lo era el acusado en noviembre de 2019, no puede dar órdenes a un militar en funciones.

Respecto a las pericias balísticas, la jurista indicó que solo conoce los estudios que identificaron proyectiles calibre 22, los cuales no son de uso militar ni policial. Señaló que, de haberse hecho nuevas pericias después del cambio de Gobierno, a ella no se le ha notificado.

La abogada reveló también que, al considerar que se están vulnerando los derechos de Valverde, se ha presentado una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

LIBERADOS

Entre tanto, con referencia a los conflictos postelectorales de 2019, la Fiscalía determinó liberar de proceso penal a 26 personas acusadas de formar parte de los hechos de violencia y destrozos que se registraron el 13 de noviembre de ese año, en la ciudad de La Paz, durante una manifestación desatada tras la renuncia de Evo Morales y la asunción de Jeanine Añez.

La información fue proporcionada por el abogado defensor Fernando Peñaloza, quien indicó que la Fiscalía presentó el sobreseimiento el 4 de febrero de este año.

Los destrozos alcanzaron al inmueble patrimonial de la Galería República, ubicada al frente de la plaza San Francisco y a la unidad de tránsito. Les prendieron fuego y dañaron su infraestructura.