Manifestando graves afectaciones económicas, representantes y propietarios de micro y pequeñas empresas pidieron este lunes al Gobierno el diferimiento en el pago de créditos, tras el paro de 36 días en Santa Cruz en exigencia de la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023.

Pdieron formalmente al Gobierno que gestione la postergación de tres meses en la cancelación de sus préstamos bancarios.

El secretario general de la Confederación Nacional de Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (Conamype), Juan Carlos Vargas, señaló que debido a las pérdidas económicas algunas unidades productivas tuvieron que cerrar y varios trabajadores perdieron su fuente laboral.

“Queremos un diferimiento ya que se ha parado de manera forzosa. Nuestras ventas se han reducido en un 20% y 25% y no se ha podido cubrir todas las necesidades que tenemos como microempresarios”, aseguró.

Según Vargas, alrededor de 5.000 unidades productivas están cerradas y su situación es “muy adversa” y con muy poca posibilidad de que puedan reactivarse. Más de 30.000 trabajadores “están quedando en las calles”, dijo.