En menos de un mes, la jueza Claudia Castro dictó fallos que favorecieron al expresidente Evo Morales, al exvicepresidente Álvaro García, a los exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce, Carlos Romero y Nemesia Achacollo, además del exjefe de la DGAC Celier Arispe y al dirigente afín al MAS Faustino Yucra. La alianza Creemos cuestionó la labor de la autoridad judicial.

Las resoluciones de Castro fueron emitidas después del triunfo del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones generales del 18 de octubre. En al menos en tres de sus fallos, el favorecimiento a los procesados se dio por errores procedimentales en las causas, no por descartarse la comisión de los delitos.

Por ejemplo, el sábado 31 de noviembre, cerca de la medianoche, dictó un fallo a favor del exministro Quintana, quien permanecía en la residencia de la Embajada de México desde noviembre de 2019, como asilado político, debido a que sobre él había un mandamiento de aprehensión dentro del proceso judicial que le abrieron por los delitos de sedición y terrorismo. Castro levantó esa orden de apremio por errores procedimentales.

“La resolución de aprehensión consigna como fecha el 25 de noviembre de 2019. Pero el auto de admisión se inició el 27 de noviembre, ¿por qué la Fiscalía emite en una fecha posterior con la referida resolución y el inicio de actos investigativos?”, señaló la juez cuando justificó su fallo. Agregó que se vulneraron los derechos de la exautoridad y hubo falta del “debido proceso”.

A fines de ese mes también se conoció que Castro había favorecido a Yucra, acusado por el delito de terrorismo, con la emisión de un dictamen que ordenaba la realización de una nueva audiencia de apelación a la detención del dirigente afín al MAS, quien, según la denuncia, entabló una conversación con Morales, que estaba en México, para cercar ciudades a impedir el ingreso de alimentos durante los conflictos poselectorales de 2019.

Castro justificó su decisión por el hecho de que en la audiencia en la que se determinó su detención, el acusado no tenía defensa técnica. “Solo ha solicitado que desarrolle una audiencia de segunda instancia, lo que significa una apelación sobre una ampliación de plazos, que resulta que se habría sostenido el 18 de septiembre de 2020, debido a que no contaba con defensa técnica, como se puede ver en el acta de verificación de audiencia”, dijo, según reportes de prensa.

Tras esas dos actuaciones, en la segunda quincena de noviembre, se conoció que Castro cesó la detención domiciliaria de Achacollo, dentro del caso abierto por un desfalco de cerca de Bs 170 millones del Fondo de Desarrollo Indígena. Se indicó que esa determinación se dio cuando Castro reemplazaba al juez titular Alan Zárate.

“La jueza ha considerado como excesivo el tiempo de la detención que cumplía la señora Achacollo, pues en cuatro años el Ministerio Público no presentó un requerimiento conclusivo (acusación). Ella ya tiene la posibilidad de salir a diario, las 24 horas, viajar por el territorio nacional”, afirmó el abogado de la exautoridad, Milko Suaznábar, tras conocerse la determinación.

Esta semana recién se conoció otros dos fallos que fueron emitidos por Castro el 23 de noviembre. El primero anuló los actuados y luego archivó el proceso abierto por presunto fraude electoral en contra de Morales, García, Quintana, Romero y Arce. El segundo suspendió la detención domiciliaria del exdirector de la Dirección General Aeronáutica Civil (DGAC) Celier Aparicio Arispe, quien la semana pasada fue posesionado en el mismo cargo.

Según el documento de anulación del proceso por fraude electoral, Castro declaró fundada la excepción de prejudicialidad y falta de acción, por lo que dispuso la suspensión del proceso y el archivo de las actuaciones judiciales y fiscales.

No obstante, después de ese fallo, uno de los acusados, de quien no se reveló su identidad, presentó un recurso de incidente de actuación defectuosa, por lo que Castro dispuso la nulidad de actuados hasta el vicio más antiguo, es decir la ampliación de denuncia presentado ante el Órgano Judicial el 30 de septiembre. Además, ordenó que si se abre otro proceso en contra de Morales por este mismo delito, deberá ser a través de un juicio de responsabilidades.

En el caso de Celier Arispe, Castro levantó la detención domiciliaria de éste, pero no comunicó a las partes, una de ellas la Fiscalía de La Paz. “El Ministerio Público no tiene el conocimiento formal sobre la resolución asumida por la jueza de instrucción cautelar anticorrupción (Claudia Castro), no ha sido notificado de manera formal y oficial (a las partes)”, informó a Página Siete el fiscal del caso, Alejandro Gamboa el martes, después de casi cuatro semanas de haberse emitido la resolución.

Arispe, según la denuncia en su contra, favoreció con dos obras millonarias a la empresa de su esposa cuando era comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (2016) y director general de la DAGC (2019), y por cuya causa la justicia tiene procesos penales abiertos en su contra.

Por el caso de Arispe, la bancada de la alianza Creemos anunció la realización de una interpelación al ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, por la posesión en la DGAC y un proceso por prevaricato en contra de Castro, de quien también cuestionaron otras determinaciones judiciales.

La jueza Claudia Castro tiene dos antecedentes que fueron hechos públicos. El 22 de octubre de 2018 se conoció que fue procesada ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, debido a que cuando era fiscal emitió una resolución a favor de una demandada, y posteriormente apareció como abogada defensora de esa misma persona. Por esta causa, se determinó la suspensión de sus funciones por dos años, aunque tras una apelación, la sanción se redujo a un año.

Cuatro días después, 26 de octubre de 2018, se informó que Castro retuvo en su juzgado durante 40 minutos, contra su voluntad, a una periodista de la red ATB, a quien intentó obligarla a borrar imágenes que captó con su celular luego de que se negó a hablar sobre su decisión de no firmar el mandamiento de libertad de Mariela Valdez, una implicada en un desfalco al Banco Unión.