Opinión Bolivia

  • Diario Digital | jueves, 28 de marzo de 2024
  • Actualizado 10:52

Médicos piden diálogo con viceministros y advierten desacato a la Ley de Emergencia Sanitaria

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, en rueda de prensa. Foto: Facebook Colegio Médico
El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, en rueda de prensa. Foto: Facebook Colegio Médico
Médicos piden diálogo con viceministros y advierten desacato a la Ley de Emergencia Sanitaria

El Colegio Médico de Bolivia pidió al presidente Luis Arce instruir a los viceministros de Salud establecer una mesa de diálogo con su sector. De no tener una respuesta al pedido, se advirtió con asumir un desacato en rechazo al Reglamento a la Ley de Emergencia Sanitaria.

En conferencia de prensa, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, afirmó que la norma en cuestión es “contradictoria” e incluso se incumpliría una serie de aspectos que fueron establecidos en la ley 1359 a comienzos del febrero de este año.

“Pedir a presidente (Luis Arce) instruir a sus viceministros para que podamos iniciar una mesa de diálogo antes de asumir las medidas que la Constitución nos brinda ya que el ministro de Salud (Jeyson Auza) no quiere reunirse con el sector en salud considerándolo una voz no oficial para los profesionales en salud”, afirmó.

En su criterio, la reglamentación aprobada la pasada semana en gabinete ministerial, vulnera las garantías constitucionales y ahora con el Consejo Nacional Estratégico para las Emergencias Sanitarias – que establece la norma–  se podrían cerrar los servicios básicos como el agua, luz, comunicaciones e internet.

“Se va desacatar todo (de la reglamentación). Lastimosamente, la Constitución es algo que nos protege y no podemos estar nosotros en una ley de Emergencia Sanitaria que no te da las garantías de nada”, aseguró a tiempo de ratificar su rechazo.

Solo con una mesa de diálogo con los viceministros del área se podría desactivar posibles medidas de presión como marchas y paros que, justamente la Reglamentación, establece la prohibición de suspenderlo ante posibles procesos administrativos o incluso penales.