Tres artículos de la Ley de Emergencia Sanitaria, promulgada esta semana por el presidente Luis Arce, en sesión reservada, provocaron una pulseta entre el Gobierno y el sector médico, que derivó en la suspensión en los servicios de salud y afectación a los pacientes, a nivel nacional. 

Pese a la modificación de la norma que afecta el trabajo de los profesionales, la medida de presión continúa y se extenderá hasta fin de mes. Se suman las clínicas privadas y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).

El Gobierno llama a participar de la redacción del reglamento y descarta la abrogación de la norma.

El sector movilizado rechazó la propuesta y acató el paro indefinido. Desde la Defensoría del Pueblo reportaron que en un 73% las actividades se desarrollaron con normalidad.

Entre las observaciones están el control de precios en las clínicas privadas por servicios como internación, consultas externas o intervenciones; la prohibición de huelgas, paros, marchas y otro tipo de reuniones mientras dure el periodo de emergencia y la contratación de recursos humanos extranjeros. 

La ley 1359 en su artículo 19 hace referencia a la prohibición de suspensión de servicios en salud.

“Durante el tiempo de vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria, no podrán ser interrumpidos los servicios del Sistema Nacional de Salud”, dice la norma.

El artículo 20, antes 17, se refiere a los servicios médicos en los establecimientos privados.

“Desde la vigencia de la presente Ley, y sin mediar reglamento alguno, no se podrá exigir depósitos previos, garantías o cualquier tipo de cobro anticipado en los establecimientos de salud del subsector privado”, continúa.

Finalmente, el artículo 28 sobre la contratación de personal médico instruye al Ministerio de Salud y Deportes abreviar plazos y simplificar requisitos y procedimientos para la contratación del personal profesional y técnico de salud, egresados y/o estudiantes de medicina y médicos jubilados.

Se habilita la contratación de profesionales médicos “que hubieran concluido sus estudios en Bolivia o en el extranjero siempre y cuando no exista disponibilidad de recursos humanos en el país y en otro caso haya predisposición de profesionales bolivianos a prestar servicios al Estado”.

LA SITUACIÓN

El secretario general del Colegio Médico de La Paz, Óscar Oliden, afirmó que no solo son los tres artículos los observados, sino hay “muchos artículos”. 

“La misma concepción de esta ley ha sido violada porque no se ha consensuado con los actores principales”, añadió.

Por su parte, el secretario de asuntos gremiales del Colegio Médico de La Paz, Édgar Villegas, afirmó que si son convocados para dialogar asistirán, pero solo para ratificar su posición de que no pueden ser parte de una reglamentación que, dice, es inconstitucional.  

Tras una visita a los centros de salud de primer, segundo y tercer nivel, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, pidió a las instancias competentes ejercer procesos que garanticen la continuidad de los servicios. Dijo que no hubo atención en hospitales de Chuquisaca, Potosí y Puerto Suárez. 

En el MAS ven falta de seriedad y exceso de susceptibilidad del Colegio Médico frente a la norma y advierten que se pone en riesgo la lucha contra el coronavirus COVID-19.