El Movimiento Al Socialismo (MAS) quiere procesar a la expresidenta Jeanine Áñez en la vía ordinaria y dejar atrás cualquier posibilidad de juicio de responsabilidades, también conocido como juicio político, que se debe tratar en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En el XV Congreso de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, se aprobó, por unanimidad, el inicio de un juicio penal contra la expresidenta Jeanine Áñez por la clausura del año escolar en 2020 por “atentar contra el derecho a la educación” y se extiende a otras exautoridades.

La determinación se tomó en la Comisión de Educación, Salud y Transporte, según informó el líder del Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Evo Morales, a través de su cuenta de Twitter.

En agosto de 2020 se decidió la clausura del año escolar, en medio de la pandemia, por la falta de condiciones para que los estudiantes puedan pasar clases por la vía virtual, principalmente en el área rural.

Morales aseveró que Áñez violó el derecho a la educación de niños y poblaciones indígenas con el fin de “condenarnos a la ignorancia para someternos”.

JUICIO

La exdiputada del MAS y denunciante del caso denominado Golpe de Estado, Lidia Patty, presentó un memorial a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que la expresidenta solo sea procesada por la vía ordinaria y se descarte el juicio de responsabilidades recordando que no fue electa para asumir el mandato del país.

Junto a su abogado Marcelo Valdez, según Página Siete, se dirigió a la presidencia de la Comisión Mixta de Justicia Plural, presidida por la senadora Patricia Arce. Cree que las proposiciones acusatorias que están en la Asamblea sean llevadas ante un tribunal penal.

Su abogado indicó que en el marco del artículo 192 de la Ley 026 de Régimen Electoral, Áñez debería haber recibido una credencial como sucesora de Morales, tras su renuncia, pero no la tuvo, sin embargo, gobernó el país.

Las cuatro proposiciones acusatorias son por el crédito del FMI, la ampliación del funcionamiento de Fundemprensa, la supuesta vulneración de derechos durante la pandemia de la COVID y por las masacres de Sacaba y Senkata. 

Desde el Gobierno, anunciaron el fin de semana que preparan otra proposición para el juicio político por la presunta comisión de torturas, vejaciones y persecuciones.

Esta semana es decisiva para Áñez ya que espera el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las medidas cautelares que pidió para cuidar de su salud. A su vez, la justicia en el país debe resolver el pedido de ampliación de la detención por otros seis meses.