La campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el candidato a la presidencia Luis Arce se concentra en promesas económicas, pero ahora también mira atrás para responder por quienes fueron parte del Gobierno de Evo Morales.

Aseguró que de ser ganador dará salvoconductos a los 7 exministros y exautoridades que se encuentran asiladas en la residencia de México. Entre tanto, el Gobierno denuncia dos nuevos delitos que habrían sido cometidos en la gestión del expresidente como son el caso Terrorismo y la compra de medios por más de 16 millones de dólares provenientes de Venezuela.  

Arce, citado por ERBOL, observó que hasta ahora no se haya atendido el requerimiento para salir del país, lo que es un incumplimiento de la ley.

Después de los conflictos postelectorales de 2019, se iniciaron procesos judiciales contra los exministros Juan Ramón Quintana, Wilma Alanoca, Javier Zavaleta, Héctor Arce y Hugo Moldiz, además del el exgobernador de Oruro Víctor Hugo Vásquez y el exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico (Agetic), Nicolás Laguna.

“Tiene que darse salvoconducto y ellos tendrán el asilo que han pedido a México, es lo que debería ocurrir hace cuántos meses atrás”, agregó.

El también exministro de Economía, reiteró su desconfianza en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) e insistió en que el MAS solo puede perder gracias a un fraude.

Consultado respecto a si ello significa que el MAS no respetará el resultados de las elecciones si es que no lograse la victoria, Arce aseveró que en ese hipotético caso el TSE tendrá que demostrar la confiabilidad  y transparencia de los resultados.

LAS DENUNCIAS

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, anunció que presentará una demanda penal contra su antecesor, Juan Ramón Quintana, y también contra el exdirector de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), Rolando Sánchez, por supuestamente transferir recursos públicos para comprar medios de comunicación que fueran afines a su Gobierno y articular una “estructura criminal de poder” que atente contra la libertad de expresión a través de un “cártel de la mentira”.

Detalló que ambas personas, según un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), direccionaron los dineros donados por Venezuela (más de 16 millones de dólares) en la gestión 2008 a empresas unipersonales para la compra de acciones de medios de comunicación como el caso de ATB, y no así para proyectos de desarrollo de las regiones del país a través del Programa Evo Cumple.
Horas más tarde, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó otra denuncia penal contra Morales, Quintana y otras exautoridades por los delitos de lesa humanidad en el extinto caso Terrorismo  que “fue armado para someter y humillar a Santa Cruz”. En la mañana, el Gobierno se retiró del caso Terrorismo II y meses atrás lo hizo de Terrorismo I que data de 2009, cuando un grupo de policías intervino en el hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz, donde se encontraba un grupo de extranjeros, acusado de haber sido trasladado al país por actores políticos de la oposición, para supuestamente dividir al país e incluso intentar acabar con la vida de Morales