Opinión Bolivia

  • Diario Digital | miércoles, 08 de diciembre de 2021
  • Actualizado 08:32

El MAS aviva conflicto con Ley Sanitaria y decreto de amnistía

Una de las normas que prevé aprobar hoy la Asamblea Legislativa es la que beneficiará “por razones humanitarias” a más de mil personas procesadas en el gobierno de Jeanine Áñez.
La protesta de los médicos por falta de condiciones en La Paz. APG
La protesta de los médicos por falta de condiciones en La Paz. APG
El MAS aviva conflicto con Ley Sanitaria y decreto de amnistía

Hoy se avizora que el conflicto que tiene el gobierno del presidente Luis Arce con el sector salud se avive aún más tras el anuncio de promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria y el decreto presidencial de amnistía e indulto “por razones humanitarias” en favor de más de mil personas procesadas en el gobierno de Jeanine Áñez.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, del Movimiento Al Socialismo (MAS) informó, según ABI, que se tiene programado para hoy en la tarde la promulgación de la norma contra la pandemia del coronavirus COVID-19 y, en la mañana, a las 8:30, la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para el debate del decreto que también beneficiará al expresidente Evo Morales. 

La Ley de Emergencia Sanitaria fue aprobada en el Senado y sancionada el pasado jueves por la Cámara de Diputados en consenso con el Colegio de Médicos de Bolivia para la modificación de tres artículos referidos a los medicamentos e insumos; prohibición de la suspensión de los servicios de salud y la contratación de personal.

Establece acciones como la conformación de un consejo nacional estratégico para emergencias sanitarias, políticas de inmunización, control de medicamentos, registros y servicios de salud, contrataciones y despachos aduaneros, además de un régimen sancionatorio.

Por otro lado, Rodríguez dijo que se dará lectura mañana en grande y detalle (al decreto presidencial) y se considerará su aprobación o rechazo.

De acuerdo con un boletín institucional, el legislador explicó que lo que busca la norma es liberar a aquellas personas que fueron judicializadas sin pruebas.

“Lo que se quiere es que se libere de todo cargo penal a todos los que han sido procesados sin ningún motivo, entre ellos, muchos de nuestros hermanos dirigentes, durante el gobierno de facto”, agregó.

LA TENSIÓN

El Consejo Nacional de Salud (Conasa) dio el miércoles un plazo de 48 horas para que el Gobierno nacional escuche sus demandas, entre ellas, las modificaciones a la Ley de Emergencia Sanitaria, de lo contrario amenazaron con un paro indefinido.

Ratificaron que la norma es inconstitucional y aseguraron que no fueron consultados para su redacción y tampoco se respondió a sus solicitudes de audiencia porque “no existe voluntad de diálogo”.

En ese marco, los profesionales señalaron que “de persistir esta actitud del gobierno, nos obligamos a ir al paro indefinido en defensa de nuestros derechos y necesidades que no son atendidas por el Gobierno”.

Para el Legislativo el debate fue cerrado, mientras que el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, dijo que si se modifica nuevamente la Ley de Emergencia Sanitaria “no se soluciona el problema de salud”.

Desde las organizaciones sociales afines al MAS presionan para la promulgación de la norma. Dieron 24 horas.

Para la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, “no es ético” buscar conflictos en plena crisis de salud por el coronavirus COVID-19, luego de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y los médicos. 

Fines políticos e impunidad

La sesión, convocada por el vicepresidente de Estado y presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, se analizará la norma que tiene por objeto establecer “la concesión de amnistía e indulto por razones humanitarias” a los hechos acontecidos en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020.

Wilder Vargas, abogado del dirigente afín al MAS, Fautino Yucra, implicado en un audio donde se hablar de cercar ciudades y dejarlas sin comida, pidió que se incluya a su cliente en la lista de beneficiados de la amnistía.

Desde la alianza Comunidad Ciudadana (CC) cuestionaron el decreto y se adelantó que en la sesión de hoy rechazarán su aprobación por considerar que solo tiene fines “altamente políticos”.  

La senadora Andrea Barrientos puso como ejemplo al caso de quienes protagonizaron bloqueo en diferentes ciudades, violaron derechos humanos en la ciudad de Montero, en Santa Cruz, y ocasionaron destrozos a propiedades privadas de periodistas y bienes públicos como el caso de los buses ediles PumaKatari en La Paz.

El jefe de Bancada de la Alianza Comunidad Ciudadana (CC) en Diputados, Carlos Alarcón, denunció ante  el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Gobierno, con este decreto se busca “prejuzgar” los hechos de violencia de 2019 sin esperar los resultados del trabajo de investigación en curso y dar impunidad.

Mediante una misiva enviada al secretario ejecutivo del grupo de expertos, Jaime Vidal, el legislador afirmó que la administración de Luis Arce actúa como “juez y parte” sobre los hechos de violencia que iniciaron luego de las elecciones anuladas de 2019.

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, consideró que no pueden ser beneficiados con un decreto quienes enfrentan un proceso penal por la destrucción y quema de 66 buses PumaKatari el 10 de noviembre de 2019.

De aprobarse esta norma en el Legislativo, el burgomaestre dijo que sería una “barbaridad” ya se permitiría que quede impune lo ocurrido y daría opción a que cualquier persona que cometa algún delito contra bienes del Estado se libere de toda responsabilidad.