Más de 150 organizaciones y redes de la sociedad civil, además de defensores y defensoras de los derechos humanos en el país, se declaran en emergencia por los recientes hallazgos de cuatro cuerpos sin vida en la zona del Chapare y exigen a las autoridades y las instancias llamadas por ley la inmediata conformación de una comisión investigativa para esclarecer estos hechos y sancionar a los culpables. 

El pronunciamiento expresa su preocupación por los índices de violencia y feminicidios alcanzados en Bolivia respecto a otros países latinoamericanos.

Los últimos hallazgos de cuerpos de mujeres sin vida producidos en la zona del Sindicato Tres Arroyos de la provincia Chapare del departamento de Cochabamba llamaron la atención porque en menos de un mes la policía hizo público el descubrimiento de los restos de cuatro mujeres reportadas como desaparecidas entre 2017 y 2020; la primera Mónica O.H. de 25 años de edad; la segunda Nayely L.A. de 18 años; la tercera Beatriz G.U. de 30 años; finalmente la cuarta Margarita M.R. de 25 años.

Las organizaciones alertan que la situación trasciende al hallazgo y violencia extrema a la que fueron sometidas las víctimas, y genera la hipótesis de que estos feminicidios podrían estar relacionados con otras actividades criminales por haberse producido en un contexto de desapariciones sistemáticas que están ocurriendo en ese sector y que deben ser investigadas a profundidad, no bastando solo la aprehensión y procesamiento de las personas hasta ahora implicadas.

"Recordamos que en Bolivia siete de cada diez mujeres viven o han vivido una situación de violencia en su relación de pareja. El país tiene la tasa más alta de feminicidios en Sudamérica y el 31% de las mujeres siente inseguridad al caminar durante la etapa de confinamiento por la pandemia de la COVID-19 los servicios de atención a víctimas de violencia no fueron declarados servicios esenciales", dice el pronunciamiento.

Asimismo recodar que, durante la etapa de confinamiento por la pandemia de la COVID-19 los servicios de atención a víctimas de violencia no fueron declarados servicios esenciales.