Familiares y víctimas de las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) llegaron ayer a La Paz donde fueron convocados a una reunión con el Gobierno para hoy. 

Entre tanto, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que las investigaciones por el caso de Sacaba tienen mayor avance y se encuentran en la fase final. Se espera tener una acusación formal en noviembre para entrar a juicio.

Los marchistas, que salieron de Caracollo (Oruro) hace una semana, demandando celeridad en el proceso ante la Justicia por las muertes y heridos que se dieron durante la crisis de 2019 y dar con los responsables del Decreto Supremo 4078, aprobado en el Gobierno de Jeanine Áñez, que libró de responsabilidad a la Policía y Fuerzas Armadas en las operaciones combinadas.

El 15 de noviembre se produjo la “masacre” de Sacaba donde perdieron la vida 10 personas, mientras que cuatro días después, ocurrieron hechos de violencia en Senkata con otras 10 muertes.

En estos casos están implicados exjefes militares y de la Policía, además de exministros. En cuanto a Áñez, Lanchipa explicó que la exmandataria ya tiene una proposición acusatoria por Senkata y Sacaba para juicio de responsabilidades y se espera la autorización legislativa.

Cuando llegaron a la calle Potosí y Socabaya, a una cuadra de la Plaza Murillo, un fuerte contingente policial impidió su ingreso, reportó ERBOL.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, entregó una nota formal para atender sus demandas en una reunión que se realizará hoy en el salón Rodolfo Illanes del Ministerio de Justicia.

Según Ríos, citado por ABI, los marchistas tendrán que designar a 12 representantes, quienes serán recibidos por una comitiva gubernamental conformada por tres autoridades de los ministerios de Gobierno, Justicia y del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) para hacer conocer su pliego petitorio de al menos 20 puntos.