El lugar donde se encuentran los restos del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien murió asesinado el 17 de julio de 1980, continuará siendo un misterio. Las hipótesis más cercanas son que pudieran encontrarse en el Cementerio General y enterrado bajo otra identidad o en Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

Esas fueron algunas de las hipótesis que llegó la Comisión de la Verdad, durante la presentación del informe final de trabajo que tuvo la misión de esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, fundados en motivos políticos e ideológicos, ocurridos durante las dictaduras.

La muerte de Quiroga Santa Cruz fue considerado un caso emblemático y fruto de la trabajo de investigación, se pudo obtener el ADN de los restos óseos calcificados que fueron entregados por la familia Quiroga Santa Cruz por la Fuerza Armadas.

En coordinación con el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), antropólogos y forenses argentinos fue realizado el trabajo, no obstante, los resultados fueron “infructuosos” debido a la data del calcinamiento de las muestras, afirmó Nila Heredia, presidente de la Comisión de la Verdad.

La Comisión de la Verdad fue creada en diciembre de 2016 y su misión fue llegar (o asomarse) a los hechos ocurridos entre el 4 de noviembre de 1964  y el 10 de octubre de 1982. La organización presentó todo un legado de documentación que se encuentra contenida en 11 tomos.

“No se puede descartar ninguna hipótesis sobre el destino final que los militares dieron al cuerpo de Marcelo Quiroga Santa Cruz, sin embargo, nosotros afirmamos, la posibilidad más solida es que el cuerpo del líder socialista hubiera sido enterrado en el Cementerio General de La Paz en una en una tumba con un nombre falso”, sostuvo en el acto.

Afirmó además que, en menor grado de posibilidad, se debe considerar que los restos de Quiroga Santa Cruz se encuentran enterrados dentro del Estado Mayor “en algún como las antiguas caballerizas o perreras”.

Entre las conclusiones que se establecieron fueron además que el Estado tiene una deuda respecto de la sociedad y la historia, por lo que deberá adoptar mecanismos de reparación integral a las víctimas y familiares y de reivindicación a las víctimas asesinadas y personas desaparecidas.

Se planteó la incorporación de toda la documentación al sistema educativo de los hechos y las violaciones a los derechos humanos y sociales ocurridos durante las dictaduras “para que no vuelvan a ocurrir nunca más”.

La ejecución de las recomendaciones se encuentran en manos de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial e instituciones encargadas en la mismo asunto. El presidente Luis Arce Catacora afirmó que se dará cumplimiento de a todas recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad.