Opinión Bolivia

  • Diario Digital | martes, 23 de abril de 2024
  • Actualizado 18:19

Maestros del país en huelga de hambre y piden la renuncia de Cárdenas

Los ejecutivos de los docentes del país asumen medidas de presión y realizarán una marcha hoy en La Paz en rechazo a la “privatización de la educación”. No descartan que a estas exigencias se fusionen los padres de familia que también tienen sus demandas.
Maestros del país en huelga de hambre y piden la renuncia de Cárdenas

Los maestros rurales y urbanos en los diferentes departamentos del país manifestaron su rechazo a las clases virtuales y dijeron que el 50% de los estudiantes, sobre todo en zonas alejadas, no cuentan con los medios tecnológicos ni económicos para dar continuidad en su formación escolar.

Los representantes de los docentes en La Paz, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca instalaron piquetes de huelga de hambre indefinida y piden la abrogación del Decreto Supremo 4260, que legaliza la educación virtual, y la renuncia del ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas.

El ejecutivo de la Federación Departamental de Maestros Rurales de La Paz, Félix Ramos, informó que a nivel nacional suman 18 piquetes de huelga y la misma tiene la tendencia a incrementarse en las próximas horas.

El sector rechaza la reglamentación de la educación virtual y aseguran que la actual norma no fue trabajada en consenso con los maestros. Anuncian la masificación de sus medidas de protestas.

Ramos aseguró que actual Decreto Supremo 4260 lleva a la mercantilización de la educación, según el portal digital Urgente.bo.

“Tiene ciertos vacíos legales, jurídicos y está por encima de la Constitución y la Ley 070”, señaló Ramos.  

Asimismo, el ejecutivo de los maestros anunció que hoy se realizará una marcha de protesta desde el Multifuncional de la Ceja, El Alto.

Adelantó que posiblemente se unan a estas medidas de presión los padres de familia, quienes rechazan los descuentos en las pensiones mensuales del 6% al 28% en las unidades educativas privadas.

Los progenitores aseguraron que no fueron consultados ni acordaron las reducciones en las mensualidades con el Gobierno, sobre todo, durante los meses de cuarentena por la COVID-19 (marzo-junio) que obligó la suspensión de las clases presenciales en el sistema educativo del país.