La excanciller del Estado, Karen Longaric, negó que el papa Francisco haya pedido formalmente dar salvoconducto a las exautoridades del MAS que se encontraban asiladas en la Embajada de México en La Paz, durante la gestión 2020.

Según Longaric, si el papa Francisco hubiese deseado enviar un mensaje al Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, lo hubiera hecho a través del Nuncio Apostólico acreditado en La Paz, situación que no sucedió.

“Si el papa Francisco hubiese deseado enviar un mensaje formal al gobierno de transición, lo hubiese hecho a través del Nuncio Apostólico acreditado en La Paz y con una nota verbal. El Nuncio Apostólico nunca me transmitió mensaje alguno del Papa y menos una nota del Papa sobre solicitud de salvoconducto para los asilados, ni de manera oral ni de manera escrita”, dijo la excanciller al diario Página Siete.

Longaric, consideró que una "solicitud tan delicada, respecto a la política interna de una país, tendría que haber sido referida por el nuncio apostólico", siendo el Monseñor, Angelo Accatino quien cumple esa función desde la gestión pasada.

Ayer, se divulgó la nota que el exmbajador de Bolivia en el Vaticano, Julio César Caballero, envió a la Cancillería el 15 de enero de 2020, en el texto señala que: "superar la crisis de los asilados en la Embajada de México en la ciudad de La Paz, proporcionando salvoconductos a aquellas personas que se encuentran en esa legación diplomática, consolidando así el proceso de pacificación y el periodo electoral iniciado por Bolivia".

La excanciller, al respecto, respondió que la Cancillería no es la encargada de otorgar salvoconductos. “En el caso de los asilados en la Embajada de México esto dependía del Ministerio de Gobierno”, aseveró.

Durante los conflictos postelectorales del 2019, los exministros Juan Ramón Quintana, Javier Zavaleta, Héctor Arce, Wilma Alanoca, César Navarro y Hugo Moldiz, además de Víctor Hugo Vásquez, exgobernador de Oruro; Pedro Dorado, exviceministro de Desarrollo Rural, y Nicolás Laguna, exdirector de la Agetic. se refugiaron en la residencia de la Embajada de México en la ciudad de La Paz.

La administración de Áñez manifestó en aquella oportunidad que no correspondía los salvoconductos de las exautoridades asiladas en la embajada de México, porque sobre ellas pesaban denuncias penales, incluso algunos de ellos tenían imputación.