El Ministerio Público presentó ayer la acusación formal contra la expresidenta Jeanine Áñez y ocho exautoridades militares y policiales por el caso denominado Golpe de Estado II y pidió el inicio de su juzgamiento por medio de un juicio oral por la vía ordinaria.

El caso tiene relación con una denuncia contra Áñez por su proclamación, considerada irregular, como titular del Senado y posteriormente como presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia en 2019. Los delitos son resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.

De acuerdo con el texto, citado por ABI, entre las exautoridades militares y policiales acusadas están Williams Carlos Kaliman Romero, Vladimir Yuri Calderón Mariscal, Flavio Gustavo Arce San Martin, Carlos Orellana Centellas, Jorge Elmer Fernández Toranzo, Jorge Gonzalo Terceros Lara, Jorge Pastor Mendieta Ferrufino y Palmiro Gonzalo Jarjury Rada.

Asimismo, solicita que celebrado el juicio oral público y contradictorio se dicte sentencia condenatoria “declarando a los acusados culpables de los delitos atribuidos considerando el concurso en su comisión, imponiéndoles la pena máxima que establece la norma penal sustantiva”.

Para sostener la acusación, reportó ERBOL, la Fiscalía señala que los excomandantes dispusieron seguridad y traslado para Áñez desde su llegada a La Paz el 11 de noviembre de 2019, para su asunción que fue el día siguiente. Indica que incluso tenía personal de seguridad como si fuese mandataria, antes de la asunción, tenía escoltas de la Academia Nacional de Policías y pernoctó en el domicilio de una oficial.

Afirma que, antes de tomar una determinación, se debieron tratar las renuncias de autoridades en el Legislativo, pero la exmandataria, el 12 de noviembre, asumió primero la presidencia del Senado, sin que se haya formalizado la renuncia de Adriana Salvatierra, y luego se proclamó presidenta del Estado, sin que las renuncias de Evo Morales y Álvaro García hayan sido aceptadas por la Asamblea.

REACCIÓN

Desde su cuenta de Facebook, la familia de Áñez advirtió que el objetivo es condenarla a cualquier precio “sin importar la independencia del Órgano Judicial, el derecho del pueblo a protestar por el fraude que cometió el MAS, comprobado por la OEA”.

“No les importa haber instigado a la violencia ni destruir el país. El objetivo es condenar a Jeanine Áñez para acallar a su propio fracaso interno, el engaño a los más humildes, a los pueblos indígenas, a las autonomías y a las regiones”, señala.

Concluye denunciando que “es el chivo expiatorio de un proyecto totalitario en contra de Bolivia, la libertad y la unión”.

Áñez fue detenida en marzo de este año acusada del caso "golpe I" por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, pero se encuentra paralizada, debido a observaciones a los tipos penales. Posteriormente, fue imputada por el caso "golpe II". En ambos casos tiene detención preventiva.