La liberación de Sixto Canaza, el segundo detenido por el secuestro y tortura de 17 personas, entre ellas seis periodistas, trabajadores agrícolas y policías en el predio Las Londras (Santa Cruz ), provocó que la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) exprese una “enérgica condena”.

Las víctimas anunciaron la apelación de la decisión judicial y alistan protestas.

La pasada semana fue liberado Paulino Camacho.

A principios de este mes se realizó la reconstrucción de los hechos y ambos fueron reconocidos como quienes hicieron uso de armas para intimidar a quienes se encontraban en una inspección a las tierras agrícolas y son considerados los más peligrosos ya que, además golpearon, amenazaron de muerte y destrozaron cámaras.

Canaza es dirigente intercultural y profesor. En su declaración, negó haber estado en Las Londras el 28 de octubre de 2021, sin embargo, un día después, el 29, recibió al director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Adalberto Rojas, a quien le colocó guirnaldas con flores. Estaba vestido con la misma ropa del día anterior, cuando se produjeron los hechos.

La primera audiencia de cesación de detención preventiva de Canaza se realizó el 8 de junio. Entonces, el juez de Guarayos, Roberto Cruz, rechazó la petición porque el imputado no desvirtuó los riesgos procesales de peligrosidad y otros requisitos, pero ayer, en una nueva audiencia reconsideró su decisión y dispuso que salga de la cárcel y tenga arresto domiciliario sin custodia policial. Podrá trabajar de 7:00 a 19:00; no deberá salir del país; presentarse a la Fiscalía cada 15 días y tener dos garantes con solvencia económica.

El argumento fue que el detenido no tendría ningún antecedente penal, según un certificado de la Policía.

La Fiscalía y la defensa de las víctimas observó que Canaza tiene dos procesos abiertos en ese mismo juzgado. Uno por robo agravado y daño calificado, y otro por avasallamiento, por este último tiene orden de aprehensión, según El Deber.

Para la ANP, que representa a los principales diarios del país, la decisión judicial “deja una profunda huella de impunidad, pone en duda el papel de la justicia y las intenciones de reformarla en un ambiente de absoluto descrédito para esta institución”.

A través de un comunicado también anunció que se elevará esta protesta a conocimiento de entidades internacionales de defensa de los Derechos Humanos y de las libertades de prensa y de expresión.

El presidente del Directorio de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, informó de la presentación ante la Fiscalía de un memorial para iniciar una auditoría jurídica ya que el juez incurrió en prevaricato.