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  • Diario Digital | jueves, 28 de marzo de 2024
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FUERON PROCESADOS EN EL GOBIERNO DE JEANINE ÁÑEZ

Liberan de culpa a 27 partidarios del MAS durante gestión de Arce

En menos de un mes del nuevo Gobierno, el sistema judicial favoreció a quienes estaban acusados de diferentes delitos. Ven falta de independencia y piden auditorías.
Faustino Yucra, María Eugenia Choque y Fernando Humérez, al momento de su aprehensión.   ARCHIVO
Faustino Yucra, María Eugenia Choque y Fernando Humérez, al momento de su aprehensión. ARCHIVO
Liberan de culpa a 27 partidarios del MAS durante gestión de Arce

La gestión del presidente Luis Arce se ha visto envuelta en polémica por la liberación de culpa de 27 partidarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) que fueron procesados durante el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez.

En menos de un mes, la Justicia suspendió los procesos que a lo largo de un año se fueron activando en su contra. Se vieron libres de imputaciones, con mandamientos de aprehensión anulados o beneficiados con libertad irrestricta, bajo argumentos de “errores procedimentales” o por vulneración de derechos. Según el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, se incumplieron procedimientos. Para algunos se cumplieron los plazos previstos en la ley, dentro del proceso de investigación.

En la oposición cuestionaron las medidas y observaron el trabajo de los administradores de justicia.

El diputado de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, consideró asquerosa la actuación de la justicia.

A su turno, la senadora electa de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, consideró que la justicia boliviana “nuevamente se está empezando a teñir de azul".

El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Israel Centellas, instó al Ministerio Público a demostrar que obró en derecho.

Para el ministro de Justicia, Iván Lima, en la administración de justicia no se debería cambiar el color de la "camiseta" dependiendo de la coyuntura que se atraviese en el país.

"Si no tenemos la independencia judicial, no vamos a lograr nada, (...) no es bueno que la camiseta de los jueces pase de azul a verde y luego nuevamente azul, porque eso daña, destruye la credibilidad de la justicia", dijo.

SEIS ASILADOS En medio de los aprestos para el cambio de Gobierno y el inicio de la gestión de Luis Arce, tras el triunfo del MAS en las elecciones, una de las primeras medidas judiciales favoreció a los exministros Héctor Arce, Juan Ramón Quintana y Javier Zavaleta que estaban asilados en la residencia de la Embajada de México. Las órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de sedición, terrorismo, fraude electoral y otros quedaron sin efecto en una sesión de trasnoche y fin de semana.

Poco después fue la exministra de Culturas, Wilma Alanoca al igual que el exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), Nicolás Laguna y el exgobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez.

EVO Y SEIS DIRIGENTES Entre tanto, el expresidente Evo Morales y su dirigente Faustino Yucra se libraron primero del proceso por terrorismo y cerco a La Paz, y luego por el bloqueo de caminos que dejó sin oxígeno a los pacientes con coronavirus, en medio de la pandemia. Se levantaron las órdenes de aprehensión en su contra y Yucra fue liberado.

La misma suerte corrieron los dirigentes Juan Carlos Huarachi, de la Central Obrera Boliviana (COB), Orlando Gutiérrez (+), de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y Segundina Flores, del Pacto de Unidad y Federación de Mujeres Bartolina Sisa.

El primero en beneficiarse con las medidas que adopta la justicia fue el exdirigente de la Fejuve de La Paz Jesús Vera, acusado por la quema de los buses PumaKatari y la casa del exdefensor Waldo Albarracín, durante los conflictos postelectorales. Estuvo tres meses en la cárcel y luego con detención domiciliaria hasta que fue liberado de culpa.

Siguió el dirigente Gerardo García, a quien le dieron sobreseimiento. Fue denunciado por robo en medio de los conflictos postelectorales.

CUATRO EXAUTORIDADES Al exasambleísta de La Paz, Gustavo Torrico se le levantó la detención domiciliaria. Estaba acusado por los delitos de sedición e instigación pública a delinquir.

Al exministro de Gobierno, Carlos Romero, se le anuló la imputación dentro el caso de supuestas irregularidades en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN). Estaba desde enero con detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz, luego, en junio, obtuvo la detención domiciliaria.

En el inicio del mes de noviembre, al exgobernador de Chuquisaca Esteban Urquizu se le suspendió la detención domiciliaria. Fue acusado por abandono del cargo, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. 

También salió de prisión el exgobernador Álex Ferrier, acusado de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias en la construcción de la carretera Trinidad-Loreto. Denunció que fue torturado para incriminar a Morales.

10 salidas polémicas Entre el 20 y 30 de noviembre, la justicia también benefició a otras ocho exautoridades y quienes estaban en el gobierno del MAS.

Están tres de seis exvocales electorales. La expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) María Eugenia Choque y el exvicepresidente Antonio Costas, acusados de manipulación informática, alteración y ocultación de resultados, dejaron la cárcel tras el pedido que hizo el expresidente Evo Morales a los jueces.

El exvocal Idelfonso Mamani, que en 2015 fue denunciado con fotografías de hacer campaña por el MAS, dejó la cárcel de San Pedro el lunes 23 de noviembre.

Se suma la exministra Nemesia Achacollo por el caso Fondo Indígena. Le levantaron la detención domiciliaria para que se defienda en libertad.

También fue liberado el sargento de Policía Ismael Marquina que fue acusado de vender armamento a los manifestantes afines al MAS y se rehusó a amotinarse en 2019.

Casi a fines de mes, la Justicia rechazó el juicio penal en contra del fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, por una supuesta manipulación informática. 

También, el 27 de noviembre se conoció que Facundo Molares, exguerrillero de las FARC,  fue beneficiado con detención domiciliaria. Estaba acusado de participar en los hechos de violencia en Montero, que provocaron la muerte de dos personas. Le autorizaron volver a su país (Argentina).

A pocos días el dirigente Rosendo Copa, procesado por disparar a los mineros de Potosí, en una emboscada cuando iban a La Paz, también fue excarcelado.

En las últimas semanas, el ‘testigo clave’ del caso respiradores, Fernando Humérez también dejó la cárcel. Fue beneficiado con detención domiciliaria. Estaba acusado, como intermediario de la compra de los equipos con sobreprecio y denunció que dio su declaración bajo presión.

Finalmente, esta semana se conoció que el exasambleísta Marco Carrillo fue sobreseído. El 15 de noviembre de 2019 fue aprehendido acusado de alzamiento armado, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa durante los hechos de violencia en Huayllani (Sacaba-Cochabamba).

La justicia está permeada por factores políticos e ideológicos

Henry Pinto

Abogado penalista

El problema de los procesados que son liberados es una alarmante secuencia cotidiana. 

La forma como fueron procesados devela la interferencia de los órganos políticos en la administración de justicia. Hay una influencia, injerencia en las decisiones judiciales, lo que demuestra que no hay una independencia adecuada. Los fallos oscilan en función al contexto político.

La justicia no es independiente y está permeada por factores ideológicos que definen el norte y el destino de una causa cuando deberían moverse sobre aspectos jurídicos.

Hay una desconfianza total y es peligroso en un estado constitucional y de derecho. 

El gobierno decidió una reforma profunda con una comisión de notables y eso está bien porque hay una politización de los jueces que nace de la elección por voto popular. Ahora, al ser un cargo electivo, se desenvuelve bajo ciertas condiciones que merman la independencia de los jueces.

Segundo elemento importante es la ausencia de un Consejo de la Judicatura o Magistratura idóneo, efectivo, que controle y contrapese los roles de los jueces. Su rol no solo es de designar jueces sino de fiscalizar, procesar y sancionar, lo que no hace.

La politización más la ausencia del Consejo de la Magistratura hace que no cumplan con su rol constitucional y lleva a un cuadro de disminución alarmante de parámetros de independencia de la justicia.

El diagnóstico es peor en la Fiscalía, donde no existe fiscalización. Su estructura es altamente vertical. Todo pasa por el fiscal departamental o el general.

La crisis es del sistema judicial, es decir de jueces, fiscales y operadores como la Policía.