La Ley de Emergencia Sanitaria dejó 10 días de tensión, desde que fue enviada al Parlamento para su tratamiento hasta su aprobación y en puertas de su promulgación.

El presidente Luis Arce, en tres meses de gobierno, enfrentó un nuevo conflicto, después del que tuvo con el sector de los transportistas por el diferimiento de los créditos. 

Los médicos estuvieron en apronte no solo por la falta de condiciones para la atención de los pacientes con coronavirus COVID-19 y exigiendo una cuarentena rígida para detener el incremento de contagios en esta segunda ola, sino por esta nueva ley que, en principio, les prohibía participar de huelgas y movilizaciones y permitía el ingreso de médicos extranjeros.

El 27 de enero fue el inicio del conflicto, sin embargo, tras un acuerdo con el Gobierno, se logró la modificación de los tres artículos de la norma referidos a casos de medicamentos e insumos; prohibición de la suspensión del servicio de salud y contratación de personal médico y el jueves fue enviada al Ejecutivo para su promulgación.

Pese a esto, desde la oposición anunciaron que pondrán un recurso constitucional para frenar su vigencia. 

El Colegio Médico de Bolivia, advirtió con protestas y acciones legales por la “inconstitucionalidad” de algunos artículos de la norma y las clínicas privadas se declararon en emergencia por la regulación de los precios. 

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que la ley es un requerimiento para que Bolivia pueda beneficiarse del mecanismo COVAX y adquirir vacunas ante la pandemia. También pidió no politizar la salud. 

El Viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, lamentó que se haya perdido el rol académico científico.