El paro médico, que lleva casi dos meses en contra de la Ley de Emergencia Sanitaria, cobra fuerza con el bloqueo de caminos que se registró ayer en la capital cruceña y la decisión de acudir a la vía constitucional para su abrogación.

Para hoy está previsto que se sume a la medida de presión el sector salud de La Paz. 

Así lo informó el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes), Fernando Romero a tiempo de referirse a la delineación de una estrategia.

El bloqueo de caminos fue asumido por el Consejo Nacional de Salud (Conasa) ante la falta de atención a la convocatoria de diálogo solicitado por los trabajadores y profesionales en salud.

Decenas de salubristas de Santa Cruz con sus característicos mandiles blancos y ondeando banderas bolivianas cerraron el paso de vehículos en la ruta de ingreso al aeropuerto internacional de Viru Viru y las carreteras al norte del departamento.

LEGALIDAD

Los diputados Carlos Alarcón, Marcelo Pedraza, de Comunidad Ciudadana (CC), informaron que el 26 de marzo se presentó una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta contra la norma argumentando la vulneración de los derechos del sector salud a la huelga de hambre y la exclusión del sector salud del Consejo Nacional Estratégico. 

De acuerdo con Alarcón, este último punto contraviene la Constitución Política del Estado (CPE) que garantiza espacios de participación de la sociedad civil organizada en todas aquellas áreas que tienen que ver con la ejecución de políticas públicas.

“Hemos demandado la inconstitucionalidad del artículo referido a la discriminación en el acceso a empleos estatales para médicos que estudiaron en Bolivia”, añadió.

Por su parte, Pedraza sostuvo que la Ley en su Artículo 22 viola la autonomía y “demuestra la intencionalidad del Estado de no coordinar y no dejar participar a los municipios y gobernaciones de decisiones tan importantes como la salud”.

El quinto aspecto se refiere a los artículos que hablan de la confidencialidad respecto a las adquisiciones a las vacunas e insumos médicos.

De la misma forma, la senadora de la fuerza opositora Creemos, Centa Rek, presentó ayer en Sucre, capital constitucional de Bolivia y sede del órgano judicial, otro recurso de inconstitucionalidad contra la polémica norma, que a su juicio ha sido hecha "con fines políticos".