El tratamiento de la Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos, que antes se conocía como Ley de ‘Garantías”, sigue su curso después de su aprobación en la Cámara de Senadores, el viernes, cerca de la medianoche, con la mayoría del Movimiento Al Socialsimo (MAS) y en ausencia de las bancadas de Unidad Demócrata (UD) y Movimiento Demócrata Social (MDS). 

La Cámara de Diputados prepara para esta semana la sesión que permitirá avanzar en su análisis y posterior aprobación con la advertencia de que si la presidenta transitoria Jeanine Áñez la rechaza, en el plazo de 10      días que tiene para su revisión, desde la Asamblea procederán a su promulgación.

El diputado del MAS Manuel Mamani dijo, citado por ABI, que la convocatoria está prevista para hoy, tomando en cuenta la urgencia ante “las persecuciones”.

La presidenta de la Asamblea, Eva Copa, reiteró que la norma no genera impunidad ni encubrimiento por lo que invitó a leer sus nueve artículos. Aseguró que no se aprobará ninguna ley que vaya en contra de los derechos de los bolivianos. 

El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, dijo que el Poder Ejecutivo neutralizará jurídicamente la ley porque los derechos de todos están establecidos en la Constitución Política del Estado, según ABI. 

Afirmó que se remitirá la ley al Tribunal Constitucional para su debido control de constitucionalidad, activando de este modo los recursos extraordinarios con los que cuenta el Ejecutivo.

La diputada del MDS, Shirley Franco, anunció que se prevé presentar un recurso abstracto de inconstitucionalidad en el TCP. 

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, aseguró que confía en que la Cámara de Diputados la frene.

El objeto de la ley 511 es velar por el cumplimiento del ejercicio de los derechos fundamentales, civiles, políticos y de libre expresión y prohíbe las acciones de hecho, aprehensiones y detenciones preventivas, arbitrarias, hostigamiento judicial o cualquier medida ilegal de coacción por los acontecimientos políticos suscitados desde el 21 de octubre.