El Gobierno transitorio analiza enviar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el proyecto de Ley de Garantías de manera preventiva y con el objetivo de evitar la impunidad y violaciones a las normas informó hoy el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.

"Nosotros estamos analizando la posibilidad de hacer una consulta previa de constitucionalidad al Tribunal Constitucional. Nosotros consideramos que este proyecto de ley no es necesario, todos los pedidos que han hecho las organizaciones sociales se han cumplido", dijo a los periodistas.

Ese proyecto, que fue aprobado en la Cámara de Diputados y está a la espera de su revisión en el Senado, tiene por objeto garantizar los derechos de las personas movilizadas durante el conflicto político y social que detonó el fraude en los comicios del 20 de octubre y prohibir aprehensiones arbitrarias.

"No corresponde dar garantías cuando ya lo establece la Constitución Política del Estado y las leyes en nuestro país", argumentó Núñez y aseguró que no existe persecución política en el país, tal como denunciaron legisladores y militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Organizaciones afines al MAS también demandaron, a través de ese proyecto de ley, la abrogación del Decreto 4078, referido a la participación de militares en los operativos de restauración del orden público; y la indemnización para las víctimas fatales y heridos en las jornadas de protestas.

El Gobierno transitorio atendió esas demandas, pero dejó en claro que no puede entrometerse en las decisiones del órgano Judicial que investiga los hechos de vandalismo y delitos registrados entre octubre y noviembre.

"Nos están pidiendo que hagamos injerencia sobre el poder Judicial (...), no podemos aprobar esta ley donde le podemos garantizar que la justicia no va a hacer su trabajo, la justicia es un poder independiente y, por lo tanto, no podemos desde el Ejecutivo garantizar que no va a haber procesos judiciales a quienes de repente en ese momento incumplieron la ley", apuntó Núñez.

Sin embargo, el diputado del MAS, Lino Cárdenas, afirmó que el control de constitucionalidad que pretende realizar el Gobierno no responde a la coyuntura política actual.

"Una consulta al Tribunal Constitucional demora meses (...), por ello nosotros lo consideramos impertinente una consulta al Tribunal Constitucional", dijo y afirmó que la aprobación y promulgación de la Ley de Garantías terminaría de pacificar al país.

Entretanto, la presidenta del Senado, Eva Copa, también del MAS, informó que todavía no hay fecha para tratar ese proyecto de ley en la Cámara Alta.