Opinión Bolivia

  • Diario Digital | domingo, 05 de diciembre de 2021
  • Actualizado 19:57

El Legislativo tratará abrogación del decreto de amnistía e indulto mañana

En el informe del GIEI instó a su anulación ya que considera que una amnistía o indulto puede “interferir negativamente en la obtención de la verdad y la promoción de justicia” con relación a los hechos de la crisis de 2019.

Interior de la Cámara de Diputados. ERBOL
Interior de la Cámara de Diputados. TOMADA DE ERBOL
El Legislativo tratará abrogación del decreto de amnistía e indulto mañana

La Asamblea Legislativa Plurinacional se reunirá mañana en sesión para considerar la abrogación del decreto presidencial que establecía amnistía e indulto a diferentes personas que fueron consideradas como “perseguidas” durante el gobierno de Jeanine Áñez.

La norma a ser debatida se da en el marco del cumplimiento a lo que establece el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de violencia y muerte durante la crisis de 2019.

La sesión convocada por el vicepresidente de Estado y presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, señala como único punto: “Consideración de del decreto presidencial 4571 que abroga el decreto presidencial 4461 de concesión de amnistía e indulto”.

El decreto que perfila su abrogación señalaba que se beneficiarán con la amnistía las personas que fueron: “Procesadas penalmente durante el Gobierno de facto, en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro la crisis política institucional del Estado acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.

En el informe del GIEI instó a su anulación ya que considera que una amnistía o indulto puede “interferir negativamente en la obtención de la verdad y la promoción de justicia” con relación a los hechos de la crisis de 2019 y advirtió la percepción de “injerencia política del Gobierno en el desempeño de las funciones del Poder Judicial y de la Fiscalía”.