Una vez más la justicia está en la mira y abre el debate por una reforma tras la muerte del exdirector del Fondioc, Marco Antonio Aramayo, quien estuvo preso por siete años y con más de 200 procesos en su contra por denunciar un desfalco millonario en el Fondo Indígena a favor de dirigentes indígenas y campesinos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Desde el Gobierno aseguran que en este caso la “justicia no ha sido humana”, sin embargo, se contradicen con respecto al cuidado de la vida de Aramayo que padecía diabetes e hipertensión.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, citado por Brújula Digital, reveló que Aramayo recién hubiera salido hoy a una consulta con cardiología si no se hubiera puesto mal el jueves. Esto debido a que el lunes hizo la solicitud verbal para el control médico, pero debía hacerla mediante su abogado para dirigirla a un juez y esperar la respuesta. 

Su defensa y familiares anunciaron que acudirán a instancias internacionales para denunciar tortura y violación de derechos. Su hijo, Cayetano Aramayo, contó que su padre le deja un legado de honestidad y que seguirá la lucha porque su padre creyó en la justicia “hasta el último momento”.

La directora del Hospital Municipal Cotahuma de la Alcaldía de La Paz, Elba Espejo, informó que el fallecimiento fue a las  05:40 por un “paro cardiorespiratorio secundario a todas las enfermedades que presentaba” después de estar internado tres días con un cuadro delicado.

CONTRA LA VIDA El ministro de Justicia, Iván Lima, a tiempo de expresar sus condolencias por la muerte, dijo que no se tomaron las medidas para preservar la vida del privado de libertad. Recordó que en la gestión de Morales se propuso una Ley del Sistema Penal que quedó sin efecto por movilizaciones de algunos sectores, pero de seguir su curso, hoy no se habría producido este desenlace.

“Hay una justicia que no ha sido humana, que no ha tomado las medidas necesarias para preservar en primer lugar la vida y la salud de este exfuncionario de Estado. La situación que se ha producido es una situación triste, merece que la evaluemos y reflexionemos profundamente”, dijo, según ERBOL. 

Agregó que “no es admisible que una persona tenga que vivir esto, por lo cual “es momento de empezar a poner soluciones estructurales” a la justicia.

Afirmó también que Régimen Penitenciario trabajó por lograr las mejores condiciones para los reclusos, sin embargo, reconoció que el Estado es responsable de la salud y la vida de todo privado de libertad. En ese marco, manifestó que se deberá hacer una evaluación de toda la actuación que han tenido las diferentes instancias en el caso de Aramayo.

La Defensoría del Pueblo también expresó su preocupación porque en la cárcel no se advirtió su delicado estado  y no se asumió acciones para evitar su deterioro. 

Contrariamente, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que Régimen Penitenciario no escatimó esfuerzos para salvarle la vida y que su cartera de Estado hizo todo lo posible “conforme manda el ordenamiento jurídico vigente”.

Por su parte, Limpias negó una supuesta negligencia y vulneración de derechos y se refirió a las gestiones que realizó junto a la familia de Aramayo para su atención médica e internación. 

ACCIONES El abogado Héctor Castellón aseguró que los derechos humanos de Aramayo fueron vulnerados de formas inimaginables y considera importante que la comunidad internacional sepa que “mientras no haya un cambio real del poder judicial, ésto (la muerte) puede ser el destino de cualquier ciudadano boliviano”.

El jurista pidió que se investigue la forma en que Aramayo fue tratado en estos siete años, tanto de parte del Poder Judicial, Ministerio Público, Régimen Penitenciario y por quienes han sido responsables de manejarlo como un “objeto”. Aseguró que sufrió persecución, tortura psicológica y física constante, además de una falta de previsión de parte del Régimen Penitenciario y carencia de control del sistema judicial. Señaló que hubo una persecución “encarnizada”, hasta incluso dos semanas antes de su muerte cuando fue su última audiencia en Santa Cruz.

El investigador de la Human Rights Watch, César Muñoz, afirmó que su muerte es una evidencia de los estragos de la falta de una justicia independiente en Bolivia. 

Asimismo, mencionó que existe “alegaciones serias de violación al debido proceso e inadecuada atención médica en prisión”.

El abogado Israel Quino considera que los familiares pueden demandar al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la vulneración de sus derechos a la justicia, la salud y la vida que están convencionalmente protegidos.

REACCIONES Para el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, su muerte evidencia la persecución judicial en 16 años. 

“El terrible y progresivo asesinato de Marco Aramayo es la evidencia de una mafia política judicial masista que por 16 años protegió la corrupción y persiguió hasta su eliminación a quienes la denunciaron, y una advertencia a la permisividad e inacción de toda la sociedad”, escribió en Twitter.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, pidió un minuto de silencio durante la sesión en el Concejo para aprobar el presupuesto reformulado de su municipio para la gestión 2022, y recordó a Aramayo como una víctima de la injusticia que sufren miles de bolivianos porque “la justicia está podrida”.

“Este señor lleva en su espíritu una carga de este dolor, los que robaron, los que estafaron, están libres y tienen el atrevimiento todavía de decirte ‘tú eres ladrón’, que pena”, dijo.

A su turno, el exalcalde paceño Juan del Granado, indicó que la muerte fue en manos de una “justicia infame sometida al poder político que encarcela a inocentes y deja impunes a poderosos” por lo que se debe impulsar la reforma “para acabar con los asesinatos judiciales y garantizar la vida, la libertad y la dignidad de todos”, escribió en Twitter.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, culpó al oficialismo del deceso.

"Terrible. Tal como denunciamos ante @GarciaSayan en su reciente visita a Bolivia, hoy el nefasto sistema judicial ocasionó la muerte de Marco Aramayo, una víctima más del masismo y su persecución asesina, encarcelado por Evo Morales por denunciar la corrupción del Fondo Indígena durante su gobierno. Este hombre fue increíblemente sometido a tortura judicial, siendo el único procesado por sus propias denuncias, por sorpresivo que parezca", escribió en sus redes.

Samuel Doria Medina, por su lado, fue quien consideró que se habría tratado de un "calvario".

"Marco Antonio Aramayo vivió un calvario antes de morir en prisión. No es el primero y seguramente no será el último, si no nos rebelamos contra la degeneración de la Justicia. El MAS es responsable de este desenlace. La historia también juzgará", sostuvo.

APUNTES

Su familia Marco Antonio Aramayo falleció a los 54 años. Tenía tres hermanos. Su padre, Andrés Aramayo, murió mientras estaba en la cárcel, y Jovita Caballero, su madre se encuentra en Cuevo, provincia Cordillera de Santa Cruz.

Trayectoria Los primeros años de estudio los hizo en Cochabamba, luego la carrera de Economía en Santa Cruz y trabajó en la capacitación de los pueblos indígenas originarios.

Posesión El ministro de Economía y presidente Luis Arce posesionó a Aramayo el 4 de septiembre de 2013 mediante la Resolución Suprema 10483 como director del Fondo Indígena. Su misión era ejecutar proyectos en favor de pueblos originarios.

Su denuncia El 7 de enero de 2016 hizo una denuncia contra la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo, del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la gestión de Evo Morales, por autorizar el desembolso de Bs 575 millones del Fondioc (Fondo Indígena) en año electoral pese a la deuda ( Bs 310 millones) y a la quiebra técnica de la entidad. Reveló que en 2014 ella autorizó el fraccionamiento de al menos 3.600 proyectos y el desembolso de dinero. Se encontraba con detención preventiva desde mayo de 2015 en el penal de San Pedro de La Paz. No tenía una sentencia condenatoria.

Una frase “Prefiero morir en paz sabiendo que yo no soy responsable de nada, a tener que recuperar mi libertad asumiendo una culpa que no tengo simplemente para apañar actos que corresponden a otras personas”. También es recordado por su entereza ya que luchaba por demostrar su inocencia. Desde su entorno aseguran que prefirió estar en la cárcel que declararse culpable y someterse a un proceso abreviado para quedar en libertad.

El calvario Aramayo tenía 256 procesos y pasó su encierro en estos 7 años en 56 cárceles del país, además que fue cautelado innumerables veces. Fue acusado por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. Desde la Defensoría del Pueblo reportaron que son 88 los procesos en curso. Pasó de testigo a acusado.