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  • Diario Digital | jueves, 25 de abril de 2024
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La Justicia retira orden de aprehensión a otro ministro de Evo tras victoria del MAS

 El expresidente Evo Morales, en Argentina. EFE
El expresidente Evo Morales, en Argentina. EFE
La Justicia retira orden de aprehensión a otro ministro de Evo tras victoria del MAS

La juez Tercero Anticorrupción de la Paz declaró procedente la acción de libertad presentada por Juan Ramón Quintana y anuló la orden de aprehensión en su contra.

La audiencia, desarrollada la noche del 31 de octubre, concluyó aproximadamente a media noche. 

Quintana le sigue al exministro Héctor Arce, quien también obtuvo su liberación a los pocos días de haberse declarado victorioso al partido del Movimiento Al Socialismo, MAS, en las elecciones generales del pasado 18 de octubre.

Hace una semana, también en la noche, el 24 de octubre, se realizó la audiencia de acción de libertad en el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal del exministro Héctor Arce, que quedó libre de una orden de aprehensión, por el caso fraude electoral. 

La juez determinó que se vulneraron sus derechos de Quintana en el proceso por sedición y terrorismo iniciado contra él y otras exautoridades del gobierno de Evo Morales, del Movimiento Al Socialismo, MAS.

La jueza que dio el dictamen fue Claudia Castro.

La exautoridad del ministerio de la Presidencia permanece asilado en la residencia de la Embajada de México en La Paz debido a que la medida legal en su contra impedía su libre locomoción. 

“Existiendo una Acción de Libertad, se admite la misma, iniciada por Martín Daniel Irusta Flores, en representación sin mandato, de Juan Ramón Quintana en contra de los representantes del Ministerio Público la fiscal Sarina Guardia Guardia y el fiscal Roberto Marcos Villapareja”, señalaba el documento que convocaba a la audiencia, en base a los artículos 125 y 126 de la Constitución.

Quintana fue acusado por el Ministerio Público, a denuncia del Gobierno de Jeanine Áñez por sedición, terrorismo, financiamiento al terrorismo e instigación pública a delinquir en los conflictos poselectorales de octubre   y noviembre del año pasado, en el conflicto social.