Opinión Bolivia

  • Diario Digital | miércoles, 06 de julio de 2022
  • Actualizado 16:04

Justicia: relator de la ONU alerta por caso Áñez y víctimas de 2019

Diego García-Sayán emitió 20 recomendaciones a Bolivia para enfrentar esta situación. El Gobierno ve el documento como un insumo para la reforma y transformación.
El relator de la ONU, Diego García-Sayán. APG
El relator de la ONU, Diego García-Sayán. APG
Justicia: relator de la ONU alerta por caso Áñez y víctimas de 2019

El Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, que llegó al país para examinar la situación de la administración de justicia, presentó su informe en el que alerta sobre la situación de la expresidenta Jeanine Áñez y las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata, en 2019.

El documento que incluye 20 recomendaciones para Bolivia y se presentará al Consejo de Derechos Humanos también hace referencia a otros casos relacionados con la violencia de género, el feminicidio y las graves violaciones a los derechos humanos.

El Gobierno ve este informe como un insumo importante para la reforma y transformación de la administración de justicia.

En el resumen de sus conclusiones señala que existe dificultades en el acceso a la justicia; patrones de injerencia en el órgano judicial; rezago procesal; corrupción que genera desconfianza; una carrera judicial débil; bajo presupuesto (0.5% del total). También observó la detención preventiva de un alto porcentaje de personas y sus condiciones precarias; así como un Ministerio Público que enfrenta dificultades para una gestión transparente y eficaz. 

UN DRAMA

El relator observó el “drama de la impunidad” y la falta de resultados efectivos frente a violaciones de derechos humanos en 2019 cuando 37 personas fallecieron y centenares fueron heridas. Lamentó que hayan pasado dos años esperando justicia.

En una de sus recomendaciones señaló que se debe garantizar la celeridad y eficacia de la investigación y el derecho de las víctimas a participar.

“Con respecto a la crisis sociopolítica de 2019-2020, el Ministerio Público debe avanzar sin demora en las investigaciones de oficio, sin hacer recaer la iniciativa o carga probatoria en las víctimas, sus familiares o sus representantes”, sostuvo. 

Como aspecto positivo, destacó que la Procuraduría General del Estado se encuentre promoviendo una legislación que permita al Estado resarcir a las víctimas de la crisis.

Por otro lado, García-Sayán puso como ejemplo el caso de Áñez, que enfrenta dos procesos penales, y está detenida desde marzo de 2021.

Sostuvo que los procesos “Golpe I” y “Golpe II”, que involucran a la exautoridad, “han capturado la atención de la opinión pública en el país y en el extranjero” y recuerda que, en el transcurso de su estadía en Bolivia, se enteró sobre la huelga de hambre que cumplía la exmandataria, siendo “testigo del ambiente de confrontación y preocupación que rodea el caso”.

“Dicho caso pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva. Todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la normatividad boliviana”, se lee y continúa explicando que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la integridad y salud de toda persona que está privada de libertad.

Explicó también que el protocolo para la observación de procesos judiciales se aplica al caso de Áñez.

“El Relator Especial insta al Gobierno a poner fin a la generalización y abuso de las detenciones preventivas que deben ser excepcionales”, señala una de las conclusiones.

LA SITUACIÓN

Con relación a las injerencias dijo que vió con preocupación un proceso penal contra una exalcaldesa de La Paz, en 1998, caracterizado por presiones políticas y mediáticas; la detención de una jueza en 2011; y un “patrón de amedrentamiento sistemático” ya que varios jueces fueron encarcelados y procesados por presión del Ministerio de Gobierno. A su vez, se refirió a la destitución de tres magistrados del Tribunal Constitucional, en 2014; la remoción de vocales de tribunales electorales; y el hostigamiento, persecución política y judicial, con fines de represalia contra antiguas autoridades, líderes políticos y sociales, en 2020. 

También instó al Gobierno a designar un Defensor del Pueblo.

García-Sayán, estuvo en Bolivia entre el 15 y 22 de febrero de este año para realizar el diagnóstico sobre el estado de la justicia.

El viceministro de Justicia, César Siles, dijo que se acoge las 12 conclusiones y 20 recomendaciones para continuar y profundizar el proceso de reforma de la justicia. Dijo que se trabajará para su cumplimiento.

Recordó que se garantiza el debido proceso y se elaboran normativas para endurecer las penas, además de gestionar un incremento en el presupuesto como parte de la lucha contra la corrupción y en busca de la independencia.

“Es un insumo, un instrumento que nos sirve de experiencia externa para reconducir algunos temas para la reforma”, indicó.