El acceso de las mujeres a la justicia avanza gracias a cinco medidas implementadas por el Gobierno y que fueron dadas a conocer ayer por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

El Comité es el órgano conformado por 23 expertos independientes que supervisan la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y son expertos en derechos de la mujer.

Durante la presentación del séptimo Informe Periódico sobre el eje de la justicia y leyes contra la violencia hacia la mujer, Prada, según ABI, compartió las experiencias, luchas, avances y desafíos “para profundizar nuestra Revolución Cultural para la Despatriarcalización”, dijo.

Se refirió al fortalecimiento de la Ley 348 Por una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres, mediante la aprobación de un decreto supremo en 2020, con el objetivo de reforzar los avances y trabajar en los obstáculos que se detectaron en los nueve años de vigencia de la norma. 

El caso de Richard Choque, un feminicida y violador serial, quien fue beneficiado con detención domiciliaria pese a contar con una sentencia ejecutoriada sin derecho a indulto y que volvió a cometer crímenes y asesinatos, conmocionó y motivó a una articulación de autoridades para investigar otros casos.

LOS CASOS

Es así que la segunda medida está referida a la creación de una comisión de alto nivel de revisión de casos de violación y feminicidio para investigar irregularidades en la justicia y sancionar a los responsables. El trabajo se realizó durante 120 días por 16 instancias del Estado y fue liderada por siete mujeres. En ese tiempo, el Tribunal de Justicia emitió cinco instructivos para la celeridad a la atención de los procesos. 

Mientras, el Ministerio Publico intervino todas las oficinas de fiscales para verificar el cumplimento de las normas y se desvinculó a ocho fiscales, que tienen procesos en contra en curso, dijo Prada.

En tanto, el Consejo de la Magistratura intervino todos los juzgados de ejecución penal y el 80% de estos jueces están con procesos penales y disciplinarios. Asimismo, se destituyó a 10 jueces por encontrarse irregularidades en los procesos.

“Procesar a un total 15 jueces por la comisión de ilícitos e irregularidades al interior de procesos, en el marco de una comisión de revisión de feminicidios y violación, en los que sentenciados fueron librados, es algo histórico en la administración de justicia y un precedente”, enfatizó.

Agregó que se logró la recaptura de 21 violadores y feminicidas. Además, ordenó la recaptura de otros 50 delincuentes.

HISTÓRICO

Por otro lado, está la Sentencia de Avocación, la primera en la historia del país, emitida por el Tribunal Constitucional en el marco del trabajo de la revisión de casos. 

Según explicó la autoridad, la sentencia 0001/2022 del 31 de marzo de 2022 hace más estricta la liberación de los condenados a 30 años de cárcel, entre ellos feminicidas, que obtenían libertad con relativa facilidad. Dijo que, a través de consorcios delincuenciales, donde incluso había médicos que emitían certificados diagnosticando enfermedades terminales, se lograba acceder a la libertad de violadores y feminicidas, pero a partir de la Sentencia de Avocación ya no será posible.

La resolución del Tribunal incluye, además, tareas para las instituciones, que son de cumplimiento obligatorio, como la educación, sobre todo en el ámbito de la prevención de violencia a la mujer en sector primario, secundario y de educación superior.

A su vez, está la creación de 27 juzgados y tribunales de sentencia de violencia y la refuncionalización de otros 28 que verán estos mismos temas, sumando 55 en total que trabajarán para evitar la mora procesal. 

Como quinta medida,  destacó que se suscribieron convenios interinstitucionales para intercambiar información sobre el cumplimiento de sentencias y facilitar acceso a la información a la población litigante, entre otras acciones.