La justicia boliviana sigue en el ojo de la tormenta y más ahora que el relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego García Sayán, advirtiera en su informe preliminar que “está lejos de la gente”. 

Diferentes sectores se pronunciaron tras conocer las recomendaciones para urgir un cambio y con la advertencia de vulneración de las normas vigentes.

La Central Obrera Boliviana (COB) anuncia medidas de presión para apurar la reforma judicial mientras que desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cuestionan algunas propuestas de los políticos.

El ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, indicó, citado por ERBOL, que los trabajadores se declararon en emergencia y están en “pie de lucha”. A su vez, dijo que desde el 7 de marzo iniciarán las protestas con la toma de tribunales de justicia en los nueve departamentos del país.

Recordó que, tras los despidos por la pandemia de la COVID-19, el Tribunal Constitucional ya se pronunció y dispuso la reincorporación de los trabajadores, pero “existen malos jueces, fiscales y vocales que no hacen cumplir el fallo o emiten resoluciones en contra de los obreros”.

Asimismo, explicó que, como parte de la sociedad,  están exigiendo la reforma de la justicia, que fue uno de los puntos de la Marcha por la Patria, pero aún no existen cambios.

“Estamos iniciando las acciones de lucha. Es un pedido del ampliado de los trabajadores del país”, dijo.

ADVERTENCIA

Por otro lado, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, denunció, citado por Urgente.bo, la intención de cometer “un golpe de Estado institucional en contra del Órgano Judicial” por parte de los sectores políticos que piden acortar el mandato de los magistrados de los más altos tribunales.

“Es el descabezamiento del Órgano Judicial a través de sus diferentes tribunales, obedece  a la desinstitucionalización y un golpe institucional que se quiere dar  al Órgano Judicial, en franco desconocimiento de la Constitución Política del Estado”, sostuvo.

A su vez, indicó que percibe que los actores políticos buscan “una estatuilla del triunfo”, para el descabezamiento del Órgano Judicial del país.

“El pretender descabezar el Órgano Judicial me parece que es una posición con contenido, una contaminación política partidaria. El pueblo  boliviano tiene otra percepción del  relator y tiene otras preocupaciones  en torno al sistema de administración de justicia. En cambio, los actores políticos están abocados en sacarle ventaja política a este informe preliminar del relator”, acotó.

El Gobierno plantea que los magistrados del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental sean elegidos por voto popular, sin embargo, esta propuesta fue observada por el mismo relator de la ONU en su informe donde señala que ese proceso eleccionario no tuvo credibilidad de la ciudadanía.

RECOMENDACIONES

Entre tanto, el viceministro de Justicia, César Siles, citado por Urgente.bo, informó que el Gobierno ya trabaja sobre las propuestas de la oposición para una reforma de la justicia y manifestó que hay un 80% de coincidencias. 

El relator de la ONU recomendó buscar un gran acuerdo nacional en el que estén el oficialismo, la oposición y la sociedad civil para trabajar por la justicia.

Dijo también que son cuatro puntos de coincidencia. El primero es para alentar los mecanismos de solución de controversias, como la conciliación, el arbitraje y la mediación. Otros pasan por la creación de juzgados de paz; la implementación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en las instituciones del Órgano Judicial, la Fiscalía y Régimen Penitenciario; y la creación de más juzgados civiles para “refuncionalizarlos”.

Una de las mayores disidencias se da en torno a la elección de los altos magistrados por voto popular.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Senadores, Virginia Velasco, sostuvo, según ABI, que los tres órganos del Estado no esperarán el informe final del relator de la ONU para iniciar la reforma del sistema judicial de Bolivia porque la población demanda resultados inmediatos. Informó del trabajo en la reingeniería judicial de corto, mediano y largo plazo que se consolidará en la Cumbre de Justicia, además de mejorar la política criminal y modificación de normas. A su vez, se encarará el trabajo de reestructuración judicial entre los tres órganos del Estado.